La Corte Penal de Buenos Aires y los uigures. Entrevista a Peter Irwin. Nieves C. Pérez Rodríguez

A mediados de diciembre en esta columna se informaba que el Congreso Mundial de Uigures (WUC por sus siglas en inglés) y el Proyecto Uigur de Derechos Humanos (UHRP) habían instruido a abogados para que presentaran una denuncia sobre crímenes internacionales cometidos contra los uigures y otros pueblos turcos en la región de autónoma de Xinjiang ante la Corte Penal Federal de Apelaciones de Buenos Aires.

 

Para profundizar y comprender las razones por las cuales es posible que el caso de violación de derechos humanos de los uigures pueda ser planteado ante un tribunal de un país extranjero y sin vínculos jurídicos con China contactamos a Peter Irwin, encargado de los programas de promoción y comunicación de la organización Proyecto Uigur de Derechos Humanos con sede en Washington D.C.

 

Irwin tiene una maestría en Derechos Humanos de “London School of Economics and Political Science” y ha dedicado años a investigar el compromiso de China en la ONU y cómo encuadra Beijing su relación con los uigures en el plano internacional. También fue el portavoz del Congreso Mundial Uigur, donde trabajó como representante de la ONU en derechos humanos en la sede de Ginebra.

 

En su lucha por denunciar lo que está sucediendo a esta minoría ubicada en la región china de Xinjiang plantearán la causa coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing de febrero del 2022. Por lo que aprovechamos la oportunidad para preguntar a Irwin los detalles:

 

¿Por qué el caso uigur de violación de derechos humanos puede ser llevado a una Corte Federal criminal argentina?

 

De acuerdo con las disposiciones de jurisdicción universal de Argentina, los tribunales tienen jurisdicción para crímenes internacionales como genocidio y los crímenes de lesa humanidad, donde quiera que sea que estos crímenes se produzcan.

 

¿Cuáles son las etapas de este proceso?

 

Una vez introducida la denuncia, tendrá lugar la primera etapa del proceso, que es la etapa procesal. Es en esta primera parte del proceso el juez designado considera la denuncia y los argumentos del fiscal y sobre eso tomará la decisión de si se abre o no el caso.

 

Si el juez decide aceptar el caso entonces se inicia la investigación y ambas organizaciones, el Congreso Mundial de Uigures y el Proyecto Uigur de Derechos Humanos, presentarán pruebas que deberán demostrar claramente que los crímenes internacionales de genocidio, crímenes de lesa humanidad y tortura se están cometiendo contra el pueblo uigur y otras personas de etnia turca en la región de Xinjiang.

 

En el caso de que la Corte de Buenos Aires acepte el caso, ¿Diría usted que lo haría basado en crímenes en contra de la humanidad o se basarían en un cargo más específico como genocidio en contra de un grupo minoritario?

 

La Corte va a considerar ambos.

 

¿Qué significa para el movimiento de defensa de los uigures poder llevar este caso ante una corte internacional?

 

Este es realmente el paso hacia la justicia para el pueblo uigur.  El tribunal uigur fue el primer organismo en evaluar las pruebas de las atrocidades y la escala de estas, pero carece de jurisdicción o medida vinculante. Un caso de jurisdicción universal implica que el caso sea decidido por un tribunal nacional con poder real.

 

¿Cuáles son las expectativas de la comunidad uigur con en este caso en particular?

 

Yo creo que las expectativas de la comunidad uigur se resumen en que el tribunal llegue a una conclusión similar a la del Tribunal Uigur. Es decir, que la corte sopese las pruebas y determine que efectivamente se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y genocidio.

 

Los grupos de defensa o movimientos uigures han conseguido logros bastante notables en los últimos meses. ¿Diría usted que se debe a que el mundo ha despertado a las prácticas del Partido Comunista chino contra las minorías chinas?

 

Yo diría que ha habido un impulso creciente durante el último año. Esto se debe a varias cosas, entre ellas la definición de genocidio de varios gobiernos, el dictamen de genocidio realizado por el Tribunal Uigur, los boicots diplomáticos antes de los Juegos Olímpicos de invierno y la aprobación de la “Ley de Prevención de Trabajo forzoso uigur” en los Estados Unidos. Con todo esto en conjunto, hemos visto como se impulsa nuestro compromiso y lucha hacia adelante.

 

¿Cuál será el próximo paso en la lucha internacional de los uigures?

 

El próximo paso que estamos esperando es la publicación de la evaluación por parte de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Una vez que se publique este informe, esa publicación estimulará acciones adicionales por parte de otras agencias de la Naciones Unidas que han permanecido en absoluto silencio hasta ahora.

 

 

 

 

 

INTERREGNUM: Democracia y estrategia china. Fernando Delage

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha caracterizado la rivalidad entre Estados Unidos y China como una batalla entre democracia y autoritarismo. Aunque se trata, sin duda, de uno de los elementos que definen la confrontación entre ambas potencias, la realidad es sin embargo mucho más compleja. No sólo se parece poco esta competición ideológica a la que enfrentó a Washington y Moscú durante la guerra fría, sino que elevar la retórica de hostilidad a este terreno obstaculiza las posibilidades de cooperación frente a los grandes problemas globales, como el cambio climático o las pandemias. Lo que es más grave, complica la propia estrategia china de la Casa Blanca. La razón es que la erosión de la democracia y el ascenso de China no son dos asuntos que vayan siempre por vías paralelas.

La ambición de Biden de promover el fortalecimiento de las democracias no sólo es admirable, sino necesaria. Pero el mayor desafío a los regímenes liberales no proviene de China (o de Rusia), sino que tiene un origen interno: las amenazas a la separación de poderes, las violaciones del Estado de Derecho, los populismos identitarios y el abandono de la deliberación racional, así como la polarización política que alimentan los medios digitales. El reto, como el propio Biden ha señalado, consiste en corregir las fuerzas autocráticas demostrando la eficacia de las democracias a la hora de hacer frente a los problemas que han causado la creciente desconfianza popular en instituciones y partidos políticos tradicionales.

La injerencia externa y las estrategias de desinformación de actores internacionales es un peligro contra el que las democracias deben actuar de manera conjunta. Esa cooperación debe consistir, no obstante, en dar forma a instrumentos e iniciativas concretas que mitiguen esos riesgos, más que en un discurso genérico de denuncia de un fenómeno, el autoritarismo, que quizá no sea la clave fundamental de lo que está en juego. En el caso de China, la competición es ante todo geopolítica, económica y tecnológica, y no desaparecería si la República Popular se convirtiera en una democracia. El aumento de su poder y el nacionalismo son, en este caso, factores más decisivos que la naturaleza de su régimen político.

Al contrario que la Unión Soviética, China no pretende ni derrotar a Estados Unidos ni exportar su ideología por el planeta. No hay, tampoco, un choque de sistemas incompatibles entre sí; por el contrario, se trata de una competición entre diferentes modelos económicos en un mismo sistema capitalista global. El autoritarismo chino requiere por supuesto la debida vigilancia con respecto a su proyección exterior, pero sería un error pensar que el apoyo de Pekín a Estados iliberales refleja la intención de construir una coalición contra el mundo democrático. No son valores políticos, sino intereses estratégicos los que llevan a China a acercarse a Rusia y a otros actores.

Variables del mismo tipo son las que explican que Biden haya invitado a unos países y no a otros a la cumbre de la semana pasada. Aun siendo la defensa del liberalismo un objetivo irrenunciable, ¿es realmente la democracia la que guía su estrategia asiática? Si la prioridad es la estrategia hacia China, no parece importar entonces contar con una India cada vez menos pluralista, con un sistema de partido único como Vietnam, o con determinadas juntas militares. Otros, como Indonesia, Singapur, Corea del Sur incluso, mantienen sus reservas sobre una iniciativa que puede provocar nuevas divisiones.

En último término, en lo que representa un debate de más largo alcance, China obliga a Occidente a realizar un ejercicio de introspección. Por primera vez en generaciones, las democracias se encuentran frente a rivales ideológicos, pero también capitalistas, que pueden demostrar eficacia de gestión, armonía social y visión estratégica a largo plazo. Para prevalecer sobre ellos, la democracia liberal debe renovarse. La cuestión es cómo hacerlo cuando en las sociedades occidentales prima la fragmentación y la defensa de las causas de las minorías sobre los intereses comunes y compartidos. Los países asiáticos en su conjunto—los democráticos y los que no—han sabido articular mejor la relación entre individuo y comunidad, una cuestión quizá más relevante que el tipo de sistema político para asegurar a largo plazo la estabilidad, la prosperidad, y también la libertad. Como escribe Jean-Marie Guéhenno en su último libro (Le premier XXIe siècle, Flammarion, 2021), para que haya una democracia primero tiene que haber una sociedad.

 

LA CUMBRE PARA LA DEMOCRACIA Y SUS IMPLICACIONES PARA CHINA (y II). Pascual Moreno

En la primera parte de este artículo se hacía una introducción a la Cumbre para la Democracia y sus posibles implicaciones para China. Además de los conflictos presentados en ciertos territorios que China considera de soberanía nacional, otros campos de discusión que pueden estar presentes en la Cumbre son:

  • La delimitación y supresión de la libertad de expresión en la esfera académica, no únicamente dentro de China, sino que se han sucedido preocupantes intentos de silenciar académicos en Australia, Europa o Estados Unidos. El cierre de los Institutos Confucio en Suecia, Alemania y otros países es un signo creciente de resistencia y rechazo a la propaganda y el poder blando chinos. Se esperan más clausuras y control sobre estas instituciones, aunque todavía no está claro el acento que pondrá la Cumbre en este tema.
  • Las prácticas de compañías tecnológicas chinas, acusadas de recabar información y violar políticas de privacidad en otros mercados. El G7 animó a China a ejercer una mayor ciber-responsabilidad y detener el robo de propiedad intelectual. Ciertas políticas de recolección de información que no sigan los estándares y reglamentos de la Unión Europea pueden llevar a sanciones e incluso a la prohibición de la operativa comercial. No está claro si la Cumbre elaborará una lista de compañías susceptibles de sanciones. Sin embargo, probablemente animará a cada país a intensificar el seguimiento por parte de las empresas chinas de las leyes nacionales, de la relación con el gobierno chino y de la adopción de estándares que protejan los valores democráticos, la libertad personal y la libre competencia.
  • Una mayor transparencia en general de China en campos como la salud global –al tiempo que se intensifican las pesquisas sobre el origen de la pandemia de COVID-19- o los proyectos de infraestructuras fuera de sus fronteras pertenecientes a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que son sospechosos de corrupción o “diplomacia por deuda”. China aduce que ya ha puesto a disposición de la OMS suficiente información, y promete mejorar la comunicación y transparencia en otros temas.
  • El trato discriminatorio y campañas de persecución a empresas multinacionales en sectores como los medios de comunicación, moda, deportes, alimentación (BBC, HM, Adidas, NBA…) que han sufrido limitaciones en la libertad de expresión o han visto sus negocios cerrados en el territorio chino de la noche a la mañana.

Pese a que todos estos asuntos no han dejado de proporcionar munición a los diplomáticos estadounidenses en las escaramuzas diplomáticas, muchos norteamericanos y habitantes de países cercanos de China no han querido desvincularse de ningún bando, y permanecen económicamente unidos a China mientras que se alinean militarmente con Estados Unidos.

La estrategia de la Administración Biden de confrontación respecto a China intensificará ciertas herramientas que ya fueron usadas durante la presidencia de Donald Trump. Un aspecto fundamental es la necesidad de encontrar una causa común con una Unión Europea fragmentada, en la cual el sentimiento anti-China crece al ritmo que los estados miembros reciben ataques de Beijing en el marco de la estrategia del lobo guerrero, tan del gusto del Ministerio de Relaciones Exteriores de China en los últimos tiempos. Cada vez más, las élites de negocios y diplomáticas europeas se están empezando a dar cuenta que los beneficios que esperaban cosechar del pastel chino son menos de los esperados. Alemania es un ejemplo claro en este sentido. Líder europeo en economía y política, su posición frente a China está comprometida por la dependencia de su industria automovilística del gigante asiático. Los retrasos y más que posible suspensión del Acuerdo Integral de Inversiones son una señal evidente de la tensión creciente en las relaciones UE-China.

Hay una clara fragmentación entre los diferentes países europeos cuando se trata de lidiar con China. Mientras que Reino Unido aboga por ampliar el G7 a un D10 (10 democracias, incluyendo a Australia, India y Corea del Sur) con el objetivo específico de contrarrestar a China, Italia –precisamente uno de los miembros del G7- se opone a ejercer excesiva presión sobre China tras haberse incorporado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Xi Jinping reconoce el peligro de un frente unido de democracias, y hará todo lo posible por evitar su constitución.

En el frente tecnológico, cada vez más países europeos se están alineando junto a Australia y EE.UU. para defenderse de los avances de una China tecno-autócrata. El ejemplo más claro son los esfuerzos por apartar al gigante Huawei de cualquier infraestructura tecnológica en Europa y la participación en la Red Limpia promovida por EE.UU. para asegurar sus comunicaciones

Sin embargo, no se debe esperar que las naciones europeas firmen una iniciativa marcadamente anti-China. Los mencionados lazos comerciales y de inversión son intensos. Por ello, Biden debería hallar un mecanismo de consenso y acuerdos en el que trabajar de manera cooperativa, en lugar de una Cumbre planteada como una ofensiva clara de confrontación con China. Una gran alianza de democracias podría ser menos eficiente que pequeñas coaliciones centradas en diferentes aspectos, ya que sería más vulnerable a las tácticas de división chinas.

La estrategia debería basarse en superar competitivamente a China, evitando que se creen relaciones de dependencia económica. Es necesaria una revisión de las vulnerabilidades de la cadena de valor europea y estadounidenses en sectores como los semiconductores, material médico, baterías, tierras extrañas… Muchas compañías y funcionarios chinos confían en que muchos negocios occidentales dependen de ellos. Es necesario que sean conscientes que, bajo los actuales acuerdos de inversión y comercio, la situación está desequilibrada a su favor, y que esto provoca que las empresas europeas se vuelvan cada vez más reacias a confiar en socios chinos.

Es improbable predecir un conflicto similar a una Guerra Fría militar e ideológica. Pero al mismo tiempo, no se debe esperar que el conflicto democracia-autocracia se vaya a solucionar de manera sencilla o que vaya a acabar inequívocamente en un éxito estadounidense.

Finalmente, a medida que aumenta la insistencia estadounidense en un orden democrático global, más países que respondan a otro modelo de liderazgo pueden unirse y formar coaliciones que limiten el poder de EE.UU. y su influencia global. China y Rusia, con una rica historia de desconfianza mutual, están acercando posiciones y cooperando estrechamente en aras de defender sus intereses ante los movimientos provenientes de Washington.  

EEUU – Arabia Saudí: denuncia y continuidad. Nieves C. Pérez Rodríguez

La semana pasada concluía en Washington la desclasificación del informe de la CIA sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, ocurrido en 2018. La Inteligencia estadounidense señala al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman, como la persona que ordenó el asesinato que se llevó a cabo en Estambul, dentro de la propia sede diplomática saudí. Y, aunque esa información se supo después del suceso, el informe de cuatro páginas viene a reconfirmar con más datos y contundencia la necesidad de una respuesta fuerte por parte del gobierno estadounidense.

La monarquía saudí es uno de los regímenes más cerrados y absolutista del mundo, pero que gracias a su riqueza y sus extraordinarias reservas petroleras ha gozado de cercanas y cordiales relaciones con Occidente. A pesar de tener un sistema político sustentado en la aplicación extrema de los principios del Islam. 

El asesinato, además de haber sido un gran escándalo internacional, provocó una de las peores crisis entre Occidente y Riad, y la monarquía no esperó para recordar su influencia en la economía mundial, cuando la presión internacional empezó a hacerse sentir. Arabia Saudí posee alrededor del 18% de las reservas de petróleo del mundo y es el mayor exportador global de esta fuente de energía, según la OPEP. Si decidieran reducir su producción, se generaría una escasez de oferta que acabaría elevando considerablemente los precios del crudo en el mercado internacional.

Riad tiene la capacidad de estabilizar el mercado mundial mediante el equilibrio del suministro de petróleo, por lo que tiene en sus manos mantener los precios en línea con las condiciones económicas. Y Washington lo sabe bien, por lo que, en vez de responder sancionando al mismo príncipe, ha sancionado a 76 personas cercanas a la monarquía queriendo enviar un mensaje sin dañar las relaciones bilaterales.

La Administración Biden también ha priorizado mantenerse aliada de Arabia Saudí, con quien Washington ha tenido una larga relación que estableció el presidente Franklin Roosevelt con el rey saudí Adull Aziz en 1945. Esta relación ha estado basada en intereses mutuos desde el principio, como el petróleo, pero más recientemente en la lucha contra el terrorismo de ISIS y al-Qaeda, pues Riad también juega un papel clave en la estabilidad de Oriente Medio.

A raíz del asesinato de Khashoggi, Trump fue duramente criticado por no haber tomado una postura más dura. Y en su propia defensa Trump dijo en una entrevista a la cadena CBS “nosotros no podemos autocastigarnos al anular la venta de armamento a Arabia Saudí”.  Desde 1950, los saudeís han comprado armas y sistemas de defensa a empresas estadunidenses por unos 90 mil millones de dólares y, en los últimos años, han sido los mayores compradores que han tenido los estadounidenses en este sector. De acuerdo con el diario Washington Post, casi cada 1 de las 5 armas producidas en Estados Unidos se envían a Arabia Saudí, por lo que para Washington los saudíes son un cliente y aliado estratégico.

Biden criticó la posición de Trump en ese momento y durante su campaña dijo que la monarquía debía pagar el precio por lo que habían hecho e incluso lo califició como un “estado paria”, término usado por los estadounidenses para definir a los Estados que están al margen de la legalidad internacional. Sin embargo, ahora que ocupa la Casa Blanca, prioriza la necesidad de mantener relaciones cordiales.

El secretario de Estado fue interpelado por la prensa a este respecto y dijo que efectivamente el informe de la CIA habla por sí mismo, razón por la que están imponiendo sanciones a altos funcionarios saudíes, que han estado intimidando a disidentes en el exterior. Además, agregó, “estamos introduciendo una nueva legislación que le dará facultad al Departamento de Estado para restringir y revocar visas a cualquier persona que se crea que esté involucrada en actividades extraterritoriales dirigidas a presuntos disidentes o periodistas, al acoso o vigilancia de ellos o de sus familiares”, afirmando que, ya sean a ciudadanos saudíes o de otras nacionalidades, es una conducta inaceptable que piensan castigar. 

La Administración Biden no ha hecho más que continuar con la misma política de la administración anterior y con ello preservar sus relaciones con Arabia Saudí. Por un lado se asegura la continuidad de la colaboración en tema de terrorismo y estabilidad en Oriente Medio, por otro, no dañar sus intereses comerciales y la posibilidad de poder seguir abasteciendo a los saudíes del armamento que requieren, en vez de que miren a Rusia para comprarlo. Y por último evitan que la corona juegue con el suministro petrolero y con ello se acabe impactando las economías individuales del mundo en un momento tan frágil como es este de pandemia, en donde los mismos Estados Unidos han tenido que inyectar ayudas para mantener a flote su propia economía.

El pragmatismo ha sido el que ha guiado las decisiones de la nueva Administración estadounidense, que se ha decantado por sancionar a funcionarios que obedecieron órdenes, en vez de sancionar a quien les dio la orden. Este brutal asesinato es, en sí mismo, la transgresión de todos los derechos fundamentales juntos, incluido el lugar en el que fue perpetrado, la embajada del propio Estado ejecutor, y el silenciar a un periodista que usaba la libertad de expresión de un país democrático para denunciar hechos de su lugar de origen. Washington ha enviado un mensaje muy confuso a los líderes del mundo sobre la doble moral. Es sin duda una situación muy compleja que viene a probar que, tal y como hemos venido anunciando, la política exterior continuará el mismo camino de la Administración Trump. Aunque cambie el tono, el fondo es el mismo. (Foto: Flickr, Richard Mortel)

Una declaración de principios. Miguel Ors Villarejo

En esta web he sido muy crítico con Donald Trump y muy encomiástico con las hazañas económicas de China, y algún lector poco avisado ha podido malinterpretarme y concluir que considero que Estados Unidos es un asco y Xi Jinping mola. Nada más lejos de mi ánimo. Es justo al revés: Xi Jinping es un asco y Estados Unidos mola. La razón por la que hablo mal de Estados Unidos es porque su clima político ha empeorado en los últimos años. La razón por la que hablo bien de China es porque ha sacado de la pobreza a cientos de millones de personas. Pero esta evolución reciente no debe ocultar que, pese al deterioro de su vida pública, Estados Unidos sigue siendo una democracia consolidada, mientras que China no ha dejado de ser una satrapía abyecta a pesar de su progreso material.

El motivo por el que me he decidido a compartir esta declaración de principios es el enfrentamiento dialéctico que, durante la jornada que organizó 4Asia el pasado 10 de junio, mantuve con algunos asistentes. Uno de ellos argumentó que “la democracia no consiste solo en votar” y cuando le espeté tras un animado forcejeo: “¿Me está usted diciendo que Estados Unidos no es una democracia?”, respondió escuetamente: “Sí”. A esas alturas, la tensión en la sala había subido varios grados y otra persona intervino con ánimo conciliatorio. “Yo creo”, vino a decir, “que cada cual tiene sus defectos. China carece de libertades, pero en Estados Unidos hay mucha desigualdad”.

Pido disculpas por lo sucinto de este resumen, que no hace honor a la riqueza de matices que se manejaron y que mis antagonistas hallarán inevitablemente sesgado, pero cumple y sintetiza bien la caricatura que alguna izquierda suele hacer de Estados Unidos: una dictadura encubierta en la que unos pocos se enriquecen a costa de la mayoría.

Empezando por la desigualdad, hay muchos modos de medir cómo se reparten los ingresos en una sociedad. El más utilizado es el coeficiente de Gini. Oscila entre 0 y 1, siendo 0 la igualdad perfecta (todos los individuos reciben la misma porción del pastel) y 1 la máxima desigualdad (un individuo se queda con todo). De acuerdo con los cálculos de la OCDE, Estados Unidos se halla en la zona alta (o sea, la mala), con un índice de 0,4 en 2013. Únicamente Turquía, México y Chile arrojan un dato peor. Pero, ojo, porque ese mismo informe estima que el Gini de China es de 0,42. Al régimen de Xi se le puede elogiar por muchos motivos, pero no por su igualitarismo.

En cuanto a la política, mi antagonista tenía razón al señalar que la democracia no consiste solo en votar. En muchas dictaduras se vota. Durante el franquismo nos hartamos de designar procuradores y acudir a plebiscitos, pero eran puro teatro. Nunca estuvo en juego la soberanía real y, al final, como decía Karl Popper, de lo que se trata es de “organizar las instituciones de modo que los gobernantes malos o incapaces no puedan ocasionar demasiado daño”. La ventaja fundamental de una democracia es que permite revocar a los mandatarios incompetentes mediante la convocatoria regular de elecciones. Y para que el resultado de estas sea legítimo y representativo de la voluntad popular, se habilitan una serie de derechos y libertades: ideológica y religiosa, de asociación y expresión, a la educación y a la sindicación, etcétera.

Con el paso de los años, los politólogos han objetivado estos requisitos e incluso elaboran rankings que ordenan las democracias en función de su calidad. Los dos más conocidos son los de The Economist Intelligence Unit (EIU) y The Freedom House (FH). Uno y otro censuran a Estados Unidos en sus ediciones más recientes. “Si Trump es incapaz de revertir la tendencia a la polarización, la democracia estadounidense corre el riesgo de sufrir un deterioro aún mayor”, alerta la primera. Y la segunda remacha: “Ningún presidente ha mostrado menos respeto por los principios y las reglas”. Son duras acusaciones, que explican que EIU haya degradado a Estados Unidos, que ya no es una “democracia plena”, sino “defectuosa”. Así y todo, obtiene una calificación de 7,96 sobre 10. Notable. FH, por su parte, le da un 8,6. Notable alto.

¿Y China? Saca la misma nota en las dos: 1,4 sobre 10. Muy deficiente. Los motivos son obvios. Por monstruoso que Trump nos pueda parecer, su Administración responde de sus actos ante otros poderes. Recientemente se le ha acusado de detener a la directora financiera de Huawei para forzar la mano a Pekín en su disputa comercial, y no voy a discutir que una cosa no tenga que ver con la otra, pero Meng Wanzhou espera tranquilamente su extradición en Canadá, un procedimiento tan garantista que podría llevar años. Entre tanto, ¿sabemos algo del presidente de la Interpol, que Pekín arrestó en octubre por “violar la ley”? Human Rights Watch ha denunciado su desaparición, así como el internamiento de un millón de musulmanes en campos de reeducación. En China se tortura, se detiene arbitrariamente y se acosa a los disidentes. Hace un año se secuestró la película Llámame por tu nombre porque relata un amor homosexual y promueve, en opinión de las autoridades, la desviación. Cualquier insinuación crítica contra el Gobierno se castiga con la cárcel, igual que el intento de montar un sindicato.

Algunos consideran, con Jean Paul Sartre, que esta represión es el precio que hay que pagar por el verdadero progreso. No está claro a qué se refería el filósofo con esa expresión, aunque debe de ser algo grandioso para justificar el sacrificio de generaciones enteras. Tampoco Marx dio muchos detalles del paraíso comunista que nos aguarda al final de la historia. Por si acaso, los izquierdistas europeos dejan que China explore el terreno, mientras ellos se resignan a vivir en estas democracias de pacotilla que tenemos en Occidente.

Hong Kong: Por ahora la democracia triunfa

Hong Kong hoy es la viva representación de la fuerza que tiene la democracia y el poder que puede ejercer un pueblo que entiende su derecho soberano de oponerse a cambios legislativos que vayan en detrimento de sus libertades.

Carrie Lam pedía disculpas al pueblo hongkonés por haber impulsado la ley de extradición, mientras sostenía que ese proyecto de ley está muerto. Y no cabe duda de que el pueblo lo desea muerto y enterrado, mientras Beijing sabe que ha perdido una batalla, pero no pierde la esperanza de ganar la guerra. En esta ocasión, Lam pagará el precio político con el fin de su carrera. No contará con el apoyo de Beijing a largo plazo, y mucho menos el de los hongkoneses para mantenerse en el poder.

Por el momento Beijing ha expresado públicamente su apoyo a Lam. Lo que puede ser parte de una estrategia, mientras la presidenta del gobierno hongkonés se disculpa por no haber doblegado a los opositores, insistiendo en que su compromiso de servir al pueblo se mantiene intacto, dejando por sentado que no dimitirá.

Beijing observa con cautela el desarrollo de los acontecimientos y, si fuera positivo desligarse de ella, hay tiempo de sobra para hacerlo, pero por ahora no lo ven necesario. Están aprendiendo de la situación y seguramente procesando el coraje que han tenido los ciudadanos y el resultado de esas acciones de calles.

Las masivas protestas las inspiraron la propuesta de la ley de extradición, a la que le hemos dado cobertura en esta columna previamente en varias ocasiones. Se llegó a romper el récord con la concentración del pasado 12 de junio, que contó con la participación de dos millones de ciudadanos. Durante semanas, las calles han estado llenas de manifestantes expresando su rechazo al gobierno de Carrie Lam. Curiosamente, en vez de ir mermando, se han mantenido y en efecto las demandas de los protestantes han ido en aumento.

En vista de la insistencia de presentar la ley a pesar del rechazo social, los manifestantes comenzaron a demandar la salida de la presidente. Y así se han ido incorporando otras demandas, como las quejas por “la invasión del Shenzhen”, que es un territorio ubicado a tan sólo 17 kilómetros de Hong Kong, que no era más que un pueblo de pescadores hasta hace unos años, y que acabó por convertirse en el hub tecnológico chino, que ocupa el puesto once del ranking mundial con más billonarios, de acuerdo a Business Insider. Este fenómeno ha producido que muchas personas de la China continental aprovechen para establecer negocios en el lado hongkonés, lo que tiene muy irritados a los locales.

El pasado domingo los manifestantes volvieron a llenar las calles de Hong Kong, pero esta vez lo hacía una representación de la prensa local que marchó hasta la oficina de Lam, con carta en mano, para expresar sus quejas y desacuerdo por la manera en que autoridades trataron a la prensa durante las protestas. Especialmente al principio de estas.

Han sostenido que hubo maltrato de parte de la policía, quien se esforzó en obstruir su trabajo de reportaje. En efecto, el presidente de la Asociación de Prensa de Hong Kong mantenía que parecía que los periodistas habían sido deliberadamente el target de las fuerzas de seguridad.

Los grupos de activistas y manifestantes se han mantenido firmes a su rechazo a la Ley de Extradición, que ha sido el detonante de este levantamiento pero que ha desencadenado una espiral de demandas. Desde que Hong Kong pasó de manos británicas a chinas y se estableció “un país, dos sistemas” la situación no se había tornado tan turbia. Es una especie de despertar para quienes son conscientes de las libertades que disfrutan, y al darse cuenta de que si no hacen eco ahora de sus demandas acabaran sometidos a las decisiones del Partido Comunista chino.

Como suele suceder en este tipo de protestas siempre hay gente o incluso grupos violentos que recurren al uso de la fuerza y recursos inapropiados para hacerse oír, de la misma forma a como la policía ha querido neutralizar a los protestantes con el uso de la fuerza. Y en ambos casos se debe denunciar y cuestionar, pero cuando se vive tan cerca de la China continental y se conocen las formas restrictivas empleadas por sus autoridades, sin ánimos de justificar, hay un deber moral de apreciar el sacrificio del pueblo hongkonés que sigue adelante con sus demandas y que, del largo periodo que lleva en las calles, se ha mantenido en honor a ese ideal democrático. Foto: Flickr, Studio Incendo.

INTERREGNUM: Civilizaciones: ¿choque o coexistencia? Fernando Delage

El ascenso de China no sólo está transformando el equilibrio global de poder. Es también un desafío a los valores liberales que sirvieron de base al orden internacional aún vigente, creado tras la segunda guerra mundial. China es una gran defensora de la Carta de las Naciones Unidas y del principio de soberanía absoluta del Estado-nación—lo que en su opinión es incompatible con los esfuerzos occidentales por promover sus esquemas políticos en el resto del planeta—, pero al mismo tiempo se define, más que como nación o territorio, como una civilización excepcional que puede ofrecer un modelo alternativo a la democracia liberal.

El nuevo autoritarismo tiene, en efecto, unos pilares más culturales que ideológicos. El capitalismo también impera en China (o en Rusia), si bien bajo la supervisión directa del Estado: el intervencionismo económico es un elemento central de su definición de la “soberanía”, y de la batalla contra el pluralismo occidental. Es la diferenciación cultural la que también justifica el rechazo de la universalidad de los derechos humanos, del Estado de Derecho o de la libertad de prensa.

La irrupción de la falla entre civilizaciones como factor estructural de la dinámica geopolítica mundial—además de la economía y la seguridad—fue un célebre argumento avanzado por el profesor de la universidad de Harvard Samuel Huntington hace 25 años. Pero la manera en que Estados como China o Rusia (también Turquía o el propio Daesh) recurren a criterios de civilización para expresar su identidad en el sistema internacional es un fenómeno al que no se ha prestado suficiente atención. Es un déficit que intentan corregir algunos expertos, como el profesor de la London School of Economics Christopher Coker en su reciente libro “The rise of the civilizational state” (Polity Press, 2019).

La República Popular de Xi Jinping defiende, como es sabido, un modelo de “socialismo con características chinas” que combina un Estado leninista con una cultura neoconfuciana. Recurriendo a la continuidad histórica de su civilización, el discurso nacionalista de Pekín persigue la promoción de su estatus como gran potencia con la denuncia del universalismo liberal. El desafío es en consecuencia cómo articular la coexistencia entre civilizaciones muy diversas, incluyendo a aquellas que se han situado en el centro del poder mundial y no seguirán aceptando una posición subordinada a Occidente.

También aquí China parece llevar la iniciativa. La semana pasada, en la inauguración en Pekín de una conferencia sobre el diálogo entre civilizaciones asiáticas, el presidente Xi se pronunció sobre el grave error de considerar una raza y civilización como superior a las demás, y el desastre que supondría intentar desde fuera rehacerla como la propia. “Las distintas civilizaciones no están destinadas a enfrentarse”, dijo Xi. “Los crecientes desafíos globales que afronta la humanidad, añadió, requiere esfuerzos conjuntos”, en los que la cultura desempeñará un papel fundamental.

Desconocemos si se trata de una coincidencia, pero unos días antes la responsable de la oficina de planificación del departamento de Estado de Estados Unidos declaró en Washington que, por primera vez, Estados Unidos afronta “un competidor que no es caucásico”. Las actuales tensiones comerciales se desarrollan en un contexto en el que se libra una “batalla con una civilización realmente diferente”. La polémica estaba servida, en una nueva demostración de que las presiones sobre el orden liberal no sólo proceden de China o Rusia, sino—de manera quizá más preocupante—desde dentro, impulsadas por ese fenómeno de los populismos identitarios, y por una administración norteamericana que parece haber olvidado el secreto de su liderazgo durante siete décadas. Demonizar a potencias terceras cuando Occidente se está erosionando en su propio seno de nada servirá para restaurar la fortaleza de los principios que crearon el mundo moderno. Puede perder, incluso, la capacidad para definir los términos del debate que dará forma a la Historia de las próximas décadas.

INTERREGNUM: India: la fiesta de la democracia. Fernando Delage

La pasada semana comenzaron las mayores elecciones de la Historia. Por su alcance y diversidad, ninguna democracia es comparable a India: 1.400 millones de habitantes—tres veces la población de Europa, más de cuatro veces la de Estados Unidos—; 15 lenguas oficiales, ninguna de las cuales es hablada por más del 15 por cien de la población; y múltiples culturas, religiones y subdivisiones sociales. La logística es abrumadora: 900 millones de votantes (84 millones de los cuales lo hacen por primera vez), 800.000 colegios electorales, 1,72 millones de máquinas electrónicas para el voto y 11 millones de funcionarios encargados de supervisar el proceso. Las elecciones se realizarán en siete días distintos en un período de seis semanas, y los resultados no se conocerán hasta el 23 de mayo.

En la tercera mayor economía del planeta, la democracia se reafirma como elemento unificador de la extraordinaria heterogeneidad india, en contraste con su vecino chino, caracterizado por su cohesión étnica y cultural—y por un sistema político de partido único.

Las elecciones son en parte un referéndum sobre Narendra Modi, quien, en 2014, como líder del Bharatiya Janata Party (BJP), logró 282 de los 545 escaños de la Cámara Baja; la primera mayoría parlamentaria obtenida por un partido desde 1984. Al frente del principal grupo de oposición, el Partido del Congreso, se encuentra Rahul Gandhi, heredero de la dinastía que ya dio tres primeros ministros a India, y quien intenta movilizar a los descontentos con la corrupción y con unas reformas económicas que, pese a un crecimiento sostenido, no han creado empleo—las cifras de paro son las más altas en 45 años—ni beneficiado a los agricultores (más del 66 por cien de la población). En las elecciones celebradas en diciembre en tres Estados de población mayoritariamente rural, fue el Congreso quien consiguió la victoria.

El ataque terrorista perpetrado en Cachemira el pasado 26 febrero, por militantes apoyados por Pakistán, han permitido no obstante a Modi restaurar su popularidad y hacer de las cuestiones de seguridad un tema central en la campaña. La mayoría de los analistas pronostican la reelección del primer ministro, aunque es probable que tenga que formar una coalición para gobernar, con lo que se volvería así a lo que ha sido la norma en la política india desde 1984, tras la creciente irrupción de partidos regionales y locales. Ese menor apoyo complicará asimismo las intenciones del BJP de dar al país una identidad hinduista, en contra de las bases laicas de la Constitución de 1949. Mientras India sea una democracia, la agenda nacionalista de un partido será insuficiente—por grande que sea su representación parlamentaria—para imponer sus esquemas en una sociedad tan diversa.

Y ésta es una poderosa lección no sólo para sus vecinos. Cuando Rusia y China se declaran enemigos de la democracia y de los valores políticos liberales, hostilidad a la que se suman distintos movimientos dentro de Occidente, India—con todas las imperfecciones propias de su subdesarrollo—es una de las principales razones que nos permiten ser optimistas con respecto al futuro de la libertad en el mundo. (Foto: Gulan Husain)

Empezar la casa por el tejado de la felicidad. Miguel Ors Villarejo

“La felicidad nacional bruta es más importante que el producto nacional bruto”, proclamó en 1972 el rey de Bután. Tim Harford lo recordaba hace un año en su columna del Financial Times y comentaba con no poca ironía que, si él gobernara un país con el nivel de vida de Bután, también preferiría hablar de felicidad.

“Pero”, añadía a renglón seguido, “no le falta razón”. La capacidad de consumo es un modo muy rudimentario de medir el bienestar. En Occidente, la renta per cápita se ha triplicado desde 1960 y no somos el triple de dichosos. En algunos ámbitos incluso hemos retrocedido: hay más depresiones en Europa y las muertes por alcoholismo han crecido en el Reino Unido, Estados Unidos y varias antiguas repúblicas soviéticas. “Nos encontramos ante una profunda paradoja”, escribe el economista Richard Layard: “una sociedad que busca y proporciona mayores ingresos, pero cuya felicidad en el mejor de los casos apenas ha aumentado”.

¿Qué está pasando?

En primer lugar, los humanos estamos diseñados para adaptarnos a un entorno cambiante. Eso nos ayuda a encajar las desgracias, pero nos obliga asimismo a recurrir a dosis crecientes de estímulos positivos para mantener constante el nivel de satisfacción. La alegría que ocasiona una subida de sueldo dura lo que tardamos en ajustar nuestro presupuesto. Como le explica la reina Roja a Alicia en A través del espejo, “aquí hace falta correr a toda velocidad si quieres permanecer en el mismo sitio”.

En segundo lugar, los ingresos no sirven únicamente para comprar artículos. Son un indicador de estatus, algo que a los humanos nos encanta. Nos da literalmente la vida. Layard afirma que “las personas que ocupan los puestos superiores [del escalafón] viven cuatro años y medio más” que sus subordinados.

Este afán de ser más que el prójimo plantea un dilema imposible. La provisión de bienes materiales puede ampliarse, pero la cantidad de estatus disponible es fija. Hay un primero, hay un segundo, hay un tercero y ya está. Si uno triunfa, otro pierde. Por mucho que suba el salario de una persona, si el de sus grupos de referencia (vecinos, amigos, parientes) lo hace más, se sentirá peor, aunque sea objetivamente más rico. La renta de los alemanes orientales se disparó tras la reunificación, pero su autoestima se hundió porque pasaron de ser los alumnos aventajados del comunismo a engrosar el pelotón de los torpes del capitalismo.

La lucha por el estatus consume mucha energía sin que la sociedad experimente una ganancia neta de felicidad. Layard pone el ejemplo del espectador de un partido que se levanta de su asiento. Obliga al que está detrás a incorporarse y, al final, el estadio entero acaba en pie. Nadie ha mejorado su perspectiva y todos están más incómodos. De igual manera, la obsesión por ingresar un euro más que nuestro cuñado nos ha llevado a jornadas laborales agotadoras, que nos roban tiempo de otras actividades gratificantes, como estar con los hijos, salir con los colegas o ir al cine.

Layard cree que el malestar se agudizará mientras los Gobiernos continúen obsesionados con la generación de riqueza. Hace falta “una nueva economía que colabore con la nueva psicología” para diseñar las políticas de bienestar. De entrada, habría que desterrar la carrera del ratón. Trabajar tanto como se trabaja en el mundo anglosajón es muy ineficiente. El gozo del ganador se ve neutralizado por el disgusto del perdedor. Es una “externalidad negativa” que degrada la calidad de vida general y debería tratarse como una emisión nociva: gravando al que contamina. Es lo que hacen con sus fiscalidades progresivas los países escandinavos. “Todos tienen en común una gran igualdad”, observa Layard, y muchos estudios corroboran que sus ciudadanos son los más dichosos. El último Informe Mundial de la Felicidad (IMF) lo lideran Finlandia, Dinamarca, Noruega e Islandia, y tiene sentido. La concentración de recursos en muy pocas manos resulta sospechosa la mayoría de las veces y desalentadora siempre.

Ahora bien, los islandeses son los socios de la OCDE que más antidepresivos consumen, y los daneses no les van a la zaga (séptimos). Mi hijo Miguel también ha realizado unas regresiones. Ha cogido las puntuaciones del IMF, las ha cruzado con dos coeficientes de Gini: el del Banco Mundial y el de Gallup, y se ha encontrado con que, en el primer caso, la relación es positiva (a mayor igualdad, mayor felicidad), pero en el segundo es negativa (a mayor igualdad, menor felicidad). En función del Gini que se elija, sale un resultado o su contrario. ¿A qué se debe esta variación de signo? ¿Y por qué consumen tantos antidepresivos los islandeses y los daneses? ¿No están encantados con sus fuentes termales y sus fiscalidades progresivas?

La explicación de estas contradicciones es que la felicidad es una magnitud difícil de aprehender. Se determina mediante cuestionario y no siempre somos sinceros. Alejandro Cencerrado, un investigador del Instituto de Investigación de la Felicidad de Dinamarca, cuenta que cuando en alguna conferencia pregunta si alguien se considera desgraciado, nadie alza la mano. ¿Por qué? En una dictadura, las decisiones las toman otros y no nos importa reconocer que nuestra vida es un asco. Pero en una democracia somos dueños de nuestro destino y a veces necesitamos justificarnos ante nosotros mismos. “Yo podría ser ese”, pensamos cuando nos cruzarnos en el lobby del hotel con el triunfador de traje impecable, “pero no quiero. Prefiero ser feliz”.

La felicidad es el último refugio. Por eso nadie alza la mano en las conferencias de Cencerrado y por eso es improbable que nadie puntúe su satisfacción con un dos en una escala de cero a 10. Estaría reconociendo su fracaso. “Ponga un siete”, le dice al encuestador.

Por mucho que Layard insista en que los métodos para evaluar la felicidad han progresado enormemente, su estimación sigue siendo problemática y sería un disparate diseñar a partir de ella políticas de ningún tipo. Con todas sus limitaciones y diga lo que diga el rey de Bután, el producto nacional bruto parece un terreno más firme para construir una sociedad. (Foto: Héctor García)

INTERREGNUM: ¿Recuperación democrática? Fernando Delage

El año que termina no ha sido especialmente brillante para la democracia en el mundo. La regresión del liberalismo siguió su marcha, acompañada del auge de los “líderes fuertes”, de Hungría a Brasil, de Turquía a Caracas. Algo similar ya había ocurrido en el sureste asiático: el regreso de los militares al poder en Tailandia, el cambio interruptus en Myanmar, o la elección de Duterte en Filipinas, revelaron una preocupante marcha atrás del pluralismo político. Las elecciones de Malasia en primavera apuntaron sin embargo a una corrección: el hastío de los votantes con la corrupción y los recortes de libertades dieron el gobierno a la oposición. Aunque es prematuro hablar de un cambio de tendencia, Asia será un interesante laboratorio en 2019 cuando vote la quinta parte de la humanidad (en solo dos países).

Indonesia celebrará elecciones en abril, y por primera vez coincidirán legislativas y presidenciales. Pese al probable juego sucio de las fuerzas vinculadas a la antigua dictadura—representadas por Prawobo Subianto, exyerno del general Suharto—, se espera que impere el pragmatismo y sea reelegido como presidente Jiko Widodo (más conocido como Jokowi). Como cada cinco años, también en abril, o mayo, India organizará sus elecciones generales. No hay espectáculo igual en el mundo: más de 800 millones de electores en las urnas. Y pocas convocatorias habrán sido tan relevantes como la próxima, en siete décadas de independencia. Es la propia identidad nacional la que está en juego.

En 2014, Narendra Modi proporcionó al Bharatiya Janata Party (BJP) la primera mayoría de una fuerza política en el Parlamento indio en treinta años. Su victoria fue interpretada como un mandato para acometer las reformas que hicieran posible un alto ritmo de crecimiento económico, pero también como apoyo a su agenda nacionalista hindú. Cinco años más tarde, Modi parece haber perdido parte de su carisma, y su partido creado nuevas divisiones sociales, como han confirmado las elecciones regionales de diciembre, anticipando lo que podrá ocurrir en las generales. En tres de ellos, hasta ahora clave del liderazgo del BJP, ganó el Partido del Congreso, responsable del gobierno indio durante la mayor parte de la historia de la república. Los resultados marcan por tanto la recuperación del Congreso, tras su sonora derrota de 2014, y refuerza la posición de Rahul Gandhi—bisnieto de Nehru y nieto de Indira Gandhi—al frente del mismo.

El gobierno de Modi no ha creado el empleo por el que se le votó, como tampoco ha luchado de manera satisfactoria contra la corrupción. Su campaña “Make in India”, diseñada para atraer la inversión extranjera que permitiera el desarrollo del sector industrial, no ha dado los frutos esperados, mientras que el abandono de los agricultores ha dañado la imagen del BJP como defensor de los menos favorecidos. La interferencias de las autoridades en las decisiones del Banco central ha perjudicado por otra parte la confianza exterior. Quienes votaron al BJP convencidos de que se centraría en la economía en vez de su ideología hinduista se han visto igualmente decepcionados. Pero aunque Modi pierda apoyo popular, su partido continúa siendo la principal fuerza política del país. La dificultad estará en la obtención de una mayoría parlamentaria que le permita gobernar por sí solo: si el Congreso obtiene buenos resultados, el BJP tendrá que aliarse con grupos regionales y locales. Es una estrategia que ya persigue también Gandhi: su partido no tiene más alternativa que crear un amplio frente de oposición a los nacionalistas.

El eje de esas alianzas volverán a ser las cuestiones de identidad. Si Modi es reelegido, querrá avanzar en la imposición de su agenda hinduista, chocando así con el laicismo definido por la Constitución. El Congreso intenta promover por su parte un hinduismo “suave” para ganar votos, pero su vuelta al gobierno puede también suponer el regreso de la ineficacia y corrupción de otros tiempos. Lo previsible es que la extraordinaria diversidad india impida que el debate se incline con claridad a favor de uno de los dos bloques.