Valla

El debate migratorio debe cogerse con pinzas. Nieves C. Pérez Rodríguez

Washington.- Regular la inmigración ha sido un quebradero de cabeza para muchos países desarrollados. Hacerlo con la sutileza necesaria a la vez que con la firmeza necesaria, no es una formula fácil de encontrar. Desde luego no lo ha sido para Estados Unidos, país de inmigrantes por excelencia, pero que como casi todos los países se debate entre como legislar este hecho tan común o dejar el tema un poco a la deriva. Obama en el 2012 puso en ejecución DACA (por sus siglas en ingles) que se traduce como “Acción diferida para los llegados en la infancia”. Este programa se estableció con la idea de otorgar una especie de status de reconocimiento a estos individuos que fueron traídos en su niñez, de la mano de algún miembro de sus familias, que han pasado la mayor parte de sus vidas aquí, y que a día de hoy se sienten más estadounidenses que de su propio lugar de origen.

Entre 700.000 y 800.000 niños fueron traídos a Estados Unidos ilegalmente, lo cierto es que en la mayoría de los casos estos menores no tomaron la decisión de inmigrar sino que fueron traídos aquí y recibieron educación y se integraron lingüística y culturalmente en su nuevo lugar de residencia, y hoy son parte de esta sociedad. Este es el caso de Larissa, una joven de 20 años que llegó a la costa este con sus padres y hermanos pequeños, cuando sólo tenía 9 años. Fue aceptada en el sistema escolar y desde entonces habla mucho más inglés que su lengua nativa, y a día de hoy sólo tiene familia en este país. Ella es un buen ejemplo de estos “dreamers” o soñadores. Su vida transcurre entre una cadena de comida rápida en la que pasa 8 horas al día, la universidad en la que estudia, y por si fuera poco, cuidando niños por horas por las noches y fines de semana para sacarse un dinero extra. Hondureña de origen, no siente que aquel es su país, y es más, su castellano es tan limitado que incluso con la educación que ha adquirido aquí si fuera deportada no sería capaz de expresarse del todo, ni tendría un lugar al que llegar. Su familia viene de un entorno rural pobre con poca educación cuyo castellano es tan precario que los verbos no son conjugados correctamente, al punto de que en mis conversaciones con ella muchas veces le pregunto qué quiere decir para asegurarme de que la entiendo. Sin embargo, en inglés podría estar hablando todo el día sin titubear. Ella se inscribió en DACA, con la ilusión de legalizar su estatus y salir de la sombra, lo que le permitió adquirir su tarjeta de identificación y poder aspirar a un trabajo legal. Hoy le aterra pensar que con la información que compartió pueda ser fácilmente deportada.

La base de datos de estos jóvenes está en manos del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) y así como tramitaban la documentación para estos soñadores hasta el 5 de septiembre, podrían ahora convertirse en sus verdugos. A principios de esta semana Trump tomó la decisión de dejar sin vigencia este programa, lo que significa que el Congreso tiene seis meses para crear una ley que regule la situación de estos individuos, o quedarían en situación ilegal, pero con su información al alcance de las autoridades migratorias para acelerar el proceso de deportaciones. Una gran diferencia del resto de los inmigrantes ilegales en territorio estadounidense.

El 91% de los individuos con DACA están empleados legalmente por ser portadores de esta amnistía. Un 5% han comenzado sus propios negocios y pagan impuestos. Parte de ellos poseen viviendas y coches. Son un grupo de personas que contribuyen al crecimiento de la economía estadounidense. Algunos de ellos trabajan en las profesiones que los estadounidense no quieren.

Estados Unidos necesita una ley de inmigración a la altura de los valores presentes en la constitución y donde la seguridad nacional no esté comprometida, obviamente. Las primeras reacciones a la anulación de esta amnistía fueron recordatorios de los valores fundamentales de este país, en ambos partidos. Es un debate abierto y realmente incrustado. Estados Unidos tiene un deber moral de proteger los derechos humanos, así como también tiene el deber de proteger sus intereses nacionales. El presidente Trump ha dado signos claros de estar a favor de un país cerrado a la inmigración. Pero ahora está en manos del congreso la decisión de crear y aprobar una ley capaz de regular este complejo fenómeno. En el caso de DACA queda claro que estos jóvenes no son inmigrantes ilegales que arbitrariamente decidieron instalarse aquí. Son jóvenes, como Larissa, que se formaron bajo la aspiración del sueño americano y que conocen poco más que eso como ideal de vida.

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