Erótica del muro. Miguel Ors Villarejo

Aunque Donald Trump ha acaparado todos los focos, la construcción del muro con México no ha sido una ocurrencia suya. De hecho, de los casi 3.000 kilómetros de frontera, unos 1.000 ya están fortificados por un parapeto concebido por George W. Bush y levantado básicamente durante el mandato de Barack Obama.

Y no es solo Estados Unidos. Con todo lo que se nos llena la boca hablando de globalización, desde el final de la Guerra Fría estas barreras internacionales han pasado de 15 a 70. Vivimos en un mundo claramente más pacífico, como refleja el Human Security Report. ¿A qué obedece esta obsesión por encerrarnos?

David Carter y Paul Poast, dos profesores de Princeton y Chicago, analizan en el Journal of Conflict Resolution 62 muros fronterizos y su conclusión es que el móvil fundamental es económico. “Los límites que separan países con distintos niveles de desarrollo”, dicen, “tienden a ser inestables”. Los ciudadanos del lado más acomodado se quejan de que sus negocios y sus salarios se ven afectados por el tráfico de bienes y personas y votan a los políticos para que lo repriman. ¿Y qué mejor modo de lograrlo que un muro de 10 metros coronado por unos rollos de afilada concertina?

El problema es que no se trata de una solución barata. No basta con plantar el entramado de barras de hierro corrugado, colocar el encofrado y verter el hormigón. Una estructura así sería un mero obstáculo de equitación. Hay que instalar cámaras y sensores de calor y movimiento, apostar garitas y centros de control, montar patrullas y soltar drones. “En 2009”, escribe Elisabeth Vallet, directora del Centro de Estudios Geopolíticos de la Universidad de Québec, “la Oficina General de Contabilidad de Estados Unidos calculó que el coste de hacer una simple valla en California oscilaba entre uno y 6,4 millones de dólares por kilómetro. Y en un terreno más hostil geológica y jurisdiccionalmente como Texas, la factura podía elevarse hasta los 21 millones”.

Además, como cualquier otra inversión, los muros están sujetos a rendimientos decrecientes. Un informe de la Universidad de Cornell para el Congreso observaba en 2012 que la impermeabilidad absoluta no era “un objetivo realista”, porque cada nuevo tramo “será más caro de construir y mantener y tendrá un efecto disuasorio menor”. El documento sugería que los recursos para combatir la inmigración ilegal estarían mejor gastados en vigilar los puertos y los aeropuertos del país, por donde se cuelan el doble de ilegales. Por ello, con buen criterio, Obama abandonó el proyecto de blindar toda la frontera con México.

¿Por qué lo ha recuperado Trump? No por su resultado. A la semana de llegar a la Casa Blanca, en una conversación telefónica privada (y posteriormente filtrada), el presidente manifestaba a su homólogo Enrique Peña Nieto que la importancia de la iniciativa era sobre todo “psicológica” y que, “desde un punto de vista económico, es el asunto menos relevante que vamos a abordar”. Tenía toda la razón. Los investigadores Treb Allen, Melanie Morten y Cauê de Castro han evaluado la eficacia del muro que ya hay en pie y estiman en 80.000 la reducción de entradas irregulares. Esta menor presión migratoria moderó la competencia que sufrían los empleados estadounidenses menos cualificados y alivió su situación, pero no significativamente: su renta per cápita apenas aumentó en 36 céntimos.

No parece un éxito resonante, pero es que además Allen, Morten y Castro conjeturan en su artículo el impacto de una política alternativa. Si en lugar de encarecer el coste de cruzar la frontera levantando un muro se hubiera facilitado el transporte de mercancías entre los dos países, muchas más empresas se habrían localizado en el norte de México, para explotar la ventaja estratégica que suponen una mano de obra barata y la cercanía del mercado estadounidense. Esta mayor actividad habría retenido en su suelo a más mexicanos y disminuido en 110.000 personas el flujo de ilegales.

Se trata, como ven, de una opción no solo más efectiva, sino infinitamente más barata. ¿Cuál es su pega? La invisibilidad. Un muro es enorme. Para construirlo hay que movilizar ejércitos de obreros, hormigoneras, grúas. Y en vísperas de las elecciones, los políticos pueden fotografiarse delante mientras cortan una cinta o descubren una placa.

No hay color, no me digan.

Qué hacemos con la inmigración (y 4). ¿Es el Islam alérgico a la democracia? Miguel Ors Villarejo

“Muchos estadounidenses”, escribe el filósofo Jim Denison, “asumen que el Islam es incompatible con la democracia porque lo asocian con el mundo árabe [donde todo son satrapías]. Pero los árabes suponen un 18% de la comunidad de creyentes”.

La nación musulmana más populosa, Indonesia, es una democracia, igual que Senegal. A lo mejor no son regímenes modélicos, pero en el Democracy Index que elabora The Economist Indonesia figura al nivel de México y Senegal, y queda por encima de Ecuador o Bolivia. ¿Son los latinoamericanos y la democracia incompatibles? Nadie se lo plantea. Atribuimos su mal gobierno a un diseño institucional inadecuado, a la corrupción, a la lejanía de Dios y la cercanía de Estados Unidos, pero no a un antagonismo esencial, como a veces damos a entender de los musulmanes.

La empresa demoscópica Gallup desarrolló entre 2001 y 2007 un gigantesco proyecto en el que mantuvo decenas de miles de entrevistas con ciudadanos de 35 países de mayoría islámica, y sus conclusiones no varían de las que alcanzan estudios similares en la Europa cristiana. Cuando a los musulmanes se les pregunta por sus aspiraciones, no mencionan la yihad, sino encontrar un trabajo mejor. Condenan los atentados contra los civiles, consideran que la tecnología y el estado de derecho son los mayores logros de Occidente y, en su mayoría, se muestran contrarios a que los imanes intervengan en la redacción de sus leyes fundamentales. “El problema no es el Islam”, dice Héctor Cebolla, “sino una interpretación ultraortodoxa que se ha propagado gracias al dinero saudí y que resulta tan extraña en Marruecos como en España”.

Detener su difusión no va a ser fácil. Algunas voces plantean cortar por lo sano y cerrar la frontera a cualquier musulmán, incluida la diáspora siria, pero no es esa la peor gotera. “Los terroristas que desde 1975 han obtenido la tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos [Green Card] han asesinado a 16 personas”, escribe el analista del Cato Alex Nowrasteh. La probabilidad de caer a manos de uno de ellos es de una entre 14.394. Como ironizaba The Washington Post, “es más fácil morir aplastado por un armario”.

El verdadero peligro lo tenemos en casa. Son los Abdelhamid Abaaoud y los Younes Abouyaaqoub que se fanatizan mientras crecen en Bélgica o Ripoll. “Conviene que los individuos se socialicen en los valores que sustentan la vida democrática”, dice Juan Carlos Rodríguez. “Esto siempre es complicado, pero lo es aún más si dejas que la inmigración acabe en barrios muy homogéneos culturalmente, donde esos valores no son tan predominantes”.

Por desgracia, es lo que hemos estado haciendo. Berta Álvarez-Miranda lo denunció hace años en la obra colectiva Políticas y gobernabilidad de la inmigración en España. Su contribución fue un capítulo sobre “la acomodación del culto islámico” en el que se preguntaba si la “convivencia de corte multicultural” que se había puesto en marcha no podía “implicar aislamiento entre comunidades”.

“La multiculturalidad ha caído en desgracia”, admite Cebolla. “Se trata de una filosofía originaria de Holanda, donde se han organizado históricamente por religiones. Eran los pilares de la sociedad, cada uno tenía su líder. El Estado no se relacionaba con los ciudadanos particulares, sino con la comunidad en su conjunto. Luego, este sistema se amplió a los inmigrantes, pero existe evidencia de que segrega más”.

El otro gran modelo de integración es el asimilacionista de Francia. Allí todos los niños pasan por esa formidable igualadora que es la escuela laica, lo que en principio debería haber facilitado su educación en el ideario republicano, pero los programas de vivienda social han acabado reagrupando a la población por credos. “Los Gobiernos van a tener que ser bastante más competentes de lo que lo han sido hasta ahora si pretenden que esto no suceda”, concluye Juan Carlos Rodríguez.

“Si pudiéramos levantar una muralla y que no entrara nadie, igual había que planteárselo”, reflexiona el profesor emérito de IESE Antonio Argandoña. “Pero no podemos ni queremos”. Desde el punto de vista económico, la inmigración es beneficiosa. “Aporta perspectivas distintas, nos lava la cabeza por dentro… Deberíamos saberlo, porque no es algo inédito. En los 60 miles de extremeños y andaluces fueron a Cataluña en busca de una vida mejor. Sabían que las condiciones de partida iban a ser duras, pero abrigaban la esperanza de una promoción posterior y, en la mayoría de los casos, esa expectativa se cumplió. Pasaron del campo a la construcción y de la construcción a la industria, se compraron un piso, mandaron a sus hijos a la universidad… Hoy están integrados en la sociedad catalana, y sus hijos aún más”.

“Los que vienen ahora”, le digo, “no son compatriotas de otras regiones, sino marroquíes y argelinos, a menudo con una religión diferente”.

“Lo sé, y justamente por eso nos corresponde hacer un esfuerzo mayor. Porque los necesitamos y porque van a seguir viniendo”. Su alternativa, como contaba Linguère Mously Mbaye al principio de esta serie, es Barcelona o muerte. (Foto: Greg Jordan, Flickr.com)

Qué hacemos con la inmigración (3). Administrando el capital social. Miguel Ors Villarejo

En los años 90 el politólogo Robert Putnam denunció en el artículo “Bowling Alone” (“Solo en la bolera”) que los americanos habían ido reduciendo su participación en redes civiles (partidos, juntas vecinales, sindicatos, asociaciones de padres, incluso clubes de bolos) y que ello había socavado la confianza mutua (el “capital social”) y ponía en peligro la democracia.

Basaba su conjetura en dos décadas de estudio de la política italiana. Putnam había descubierto que no había grandes diferencias institucionales entre el norte y el sur, entre Milán y Sicilia. “Aunque todos esos Gobiernos regionales eran idénticos sobre el papel, sus niveles de eficiencia variaban drásticamente”, escribía. “La calidad […] venía determinada por las tradiciones de compromiso cívico (o su ausencia). La participación electoral, la lectura de prensa, la afiliación a coros y clubes de fútbol eran las señas de identidad de las comunidades ricas. De hecho […] lejos de ser un epifenómeno de la modernización socioeconómica, eran su condición previa”.

Posteriormente, en “E Pluribus Unum” Putnam alertó de que había detectado un fenómeno similar en las comunidades multiétnicas de Estados Unidos. La falta de trato directo, decía, impedía el desarrollo de capital social y comprometía, por tanto, su viabilidad. Es lo que ahora sostiene Paul Collier. Y lo que llevó el Imperio romano al colapso, según Niall Ferguson.

La socióloga Berta Álvarez-Miranda ha intentado evaluar hasta qué grado se ha reproducido este problema en las ciudades españolas que experimentaron una entrada explosiva de extranjeros. Sus conclusiones confirman que efectivamente “la diversidad étnica, a corto plazo, refuerza los procesos ya en marcha de pérdida de sociabilidad […] y contribuye a la desconfianza en los desconocidos”. En una investigación que dirigió entre 2000 y 2004, lo denunciaban tanto la población autóctona como la extranjera.

“Yo creo que la convivencia en general es nula”, se lamentaba un nativo. “Antes el barrio era un pueblo. Ahora vas del trabajo a casa y de casa al trabajo. No hablo ni con los vecinos ni con nadie, no hay relación”.

“Hay mucha prisa”, coincidía otro, “lo sé por la tienda. Antes la gente se paraba a hablar aunque no compraran, pero ahora va todo muy deprisa. Y no te digo ya si vas al Carrefour, ahí somos como robots”.

Un ecuatoriano era todavía más tajante: “Aquí nosotros no tenemos vida social, está aparcada hasta cuando regresemos a nuestro país”.

“Estas pinceladas de evidencia cualitativa”, escribe Álvarez-Miranda, “parecen dar la razón a la tesis de Putnam de que en las zonas étnicamente diversas […] los residentes […] pueden tender a aislarse”.

Ahora bien, ¿pone en peligro la convivencia esta ausencia de trato personal? En realidad, en las economías avanzadas el capital social emana sobre todo del correcto funcionamiento de las instituciones y del respeto de la legalidad. La gente participa en los juegos de cooperación no solo porque se fíe del vecino, sino porque su violación se castiga, y los primeros en reclamar que así suceda son los extranjeros, porque lo que vienen persiguiendo es ese orden. Álvarez-Miranda cuenta que, cuando le preguntas a un marroquí por qué emigra a Europa, la primera respuesta es “para buscarme la vida” y la segunda, “por los derechos”. Dos jóvenes que intentaron (sin éxito) cruzar el estrecho, la primera vez a nado y la segunda colgados de los bajos de un camión, justificaban los apuros padecidos alegando que “ahí tienen leyes”. Y añadían: “Te juro que si nuestro país reconociera nuestros derechos no nos iríamos jamás”.

A pesar de tensiones puntuales, la inmensa mayoría de la población (autóctona y foránea) no tiene ningún interés en que la cohabitación fracase y es improbable que asistamos a un nuevo derrumbe del Imperio de Occidente, como vaticina Ferguson. La diversidad tampoco ha socavado los pilares de la civilización, como afirma Collier. “Las encuestas no recogen una caída en los niveles de confianza en los países escandinavos, que son los que más inmigración han recibido”, confirma Juan Carlos Rodríguez.

Sin embargo, la radicalización de algunos musulmanes refleja una inquietante disfunción. El sociólogo Héctor Cebolla insiste en que “Europa nunca fue una Arcadia ideal”, “que ya generaba injusticias antes” y que simplemente “estamos reproduciendo los errores de siempre en personas con un trasfondo diferente”. Pero ni los terroristas de las Torres Gemelas ni los de Londres eran víctimas especiales de la exclusión. “No hay una vinculación obvia entre el estatus socioeconómico y ese tipo de violencia”, señala Juan Carlos Rodríguez.

¿Cuál es entonces la clave? ¿La religión? (Foto: Giulietta Riva, Flickr)

Qué hacemos con la inmigración (2). El asedio al estado de bienestar. Miguel Ors Villarejo

“Grandes cantidades de recién llegados están sometiendo a presión los servicios públicos”, asegura el economista Paul Collier. Se trata de una creencia avalada por la casuística sobre las legiones de extranjeros que atascan los hospitales y las oficinas del paro, pero “la mayoría de los estudios revelan que la inmigración tiene un impacto leve en las finanzas nacionales”, sostiene la OCDE. Por ejemplo, en el caso de la salud “los inmigrantes no solo manifiestan encontrarse en mejores condiciones que los nativos, sino que van menos al médico”, algo lógico, dado que en promedio son más jóvenes. Es verdad que recurren más a las urgencias y que en países como Alemania sufren más accidentes laborales, pero incluso allí donde generan algún sobrecoste, este queda nivelado por el hecho de que “los sistemas sanitarios se benefician con la llegada de profesionales de la medicina”. En 2008, el 35% de los doctores de Reino Unido habían nacido en el extranjero, y en Nueva Zelanda, Australia, Israel y Suiza el porcentaje era aún mayor.

Otro equívoco igualmente arraigado es que los forasteros nos roban los puestos de trabajo. Este es un asunto en el que la experiencia española resulta especialmente iluminadora, porque la marea de inmigrantes no se repartió uniformemente por toda la geografía. Mientras en algunas regiones la población foránea llegó a representar una cuarta parta de la total, en otras casi no hubo. Libertad González Luna (Pompeu Fabra) y Francesc Ortega (Queens College) aprovecharon este experimento natural para determinar el comportamiento en unas y otras de los salarios y el empleo, y no hallaron ninguna diferencia relevante. “La inmigración no afectó ni a las remuneraciones ni a la tasa de paro de los nativos”, dice González Luna.

“Es la misma conclusión que alcanzan los estudios realizados en Estados Unidos y el resto de Europa”, coincide la profesora de Economía Política de la Universidad de Barcelona Lidia Farré. “Los extranjeros no le arrebatan nada a los autóctonos porque no son sustitutos perfectos”.

“Al principio, se ocupaban de las tareas que nadie quería, como la recogida de fruta de temporada o el servicio doméstico”, coincide la catedrática del País Vasco Sara de la Rica. Pero ni siquiera cuando más adelante empezaron a introducirse en sectores donde sí había trabajadores locales se produjo un perjuicio. ¿Por qué?

El profesor de la Universidad de California Giovanni Peri explica que en un modelo estático, en el que la inmigración impulsa la oferta de empleo mientras todo lo demás permanece igual, el resultado es un aumento del paro, una caída de los salarios o una mezcla de ambas cosas. Pero los recién llegados necesitan vivienda, comida, ropa… Esa demanda abre oportunidades de negocio para todos. Además, los empresarios aprovechan la abundancia de mano de obra para acometer nuevos proyectos. Y hay un desplazamiento de los nacionales a puestos de mayor cualificación. “Muchas mujeres que antes eran empleadas del hogar se hicieron cajeras”, dice De la Rica. “Y los albañiles pasaron a dirigir cuadrillas”.

Esta reasignación de tareas facilita una especialización que nos hace a todos más productivos. “El rumano que cuida el césped del físico nuclear está contribuyendo indirectamente a desvelar los secretos del universo”, observa Alex Tabarrok.

¿Y por qué tanta gente comparte la tesis de que la inmigración está sometiendo a nuestras sociedades a una presión insoportable?

En primer lugar, las medias son siempre engañosas. El que el impacto a escala nacional sea “leve”, como apunta la OCDE, es compatible con que en lugares concretos sea alto o incluso muy alto.

Segundo, muchos países ya presentaban carencias en algunas áreas (vivienda, escuelas) y un incremento abrupto de la población las ha exacerbado, aunque no sea su causa principal.

Finalmente, hay un aspecto cultural. Collier señala que las sociedades avanzadas dependen de “juegos de cooperación frágiles”. Guardamos cola en el consultorio porque los demás también lo hacen. Y entregamos a Hacienda una porción considerable de nuestros ingresos a cambio de que haga un uso justo de ellos. Pero si nadie respeta los turnos y percibimos que ciertos grupos abusan de los servicios públicos, dejamos de cooperar. “A medida que la diversidad crece”, argumenta Collier, “disminuye la cohesión y los ciudadanos se muestran menos proclives a sufragar los programas de bienestar”.

El historiador Niall Ferguson es todavía más pesimista. En un artículo titulado “París, víctima de la complacencia” aseguraba que la Unión Europea asiste hoy a “unos procesos extraordinariamente similares” a los que provocaron la caída de Roma. “Ha abierto sus puertas a los extranjeros que codician su riqueza sin [obligarlos a] renunciar a su fe ancestral”. Por supuesto, “la mayoría viene con la esperanza de tener una vida mejor”, pero “los monoteístas convencidos son una grave amenaza para un imperio laico”, porque “tienen convicciones difíciles de conciliar con los principios de nuestras democracias liberales”.

¿Se han vuelto nuestras sociedades demasiado diversas para resultar manejables? (Foto: Valter, Flickr.com)

¿Qué hacemos con la inmigración? (1). Barcelona o muerte. Miguel Ors Villarejo

Más de 12.000 inmigrantes ilegales han arribado este año a nuestras costas. Por el camino se han quedado al menos otros 300. “¿Qué impulsa a alguien a arriesgar su vida para trabajar en la economía sumergida?”, se preguntaba la investigadora del Banco Africano de Desarrollo Linguère Mously Mbaye a raíz de la tragedia de la playa ceutí del Tarajal. Y tras contar que el lema con que los senegaleses se embarcan en esta odisea es Barcelona o muerte, añadía: “Prefieren ahogarse que quedarse en Senegal”.

La lógica económica que alimenta los flujos migratorios es tan arrolladora como esta desesperación. “En 2000”, escribe el catedrático de Harvard Richard Freeman, “un mexicano con entre cinco y ocho años de escolarización ganaba 11,2 dólares por hora en Estados Unidos y 1,82 en México”. Esa diferencia succiona literalmente a los hispanos al otro lado del río Grande.

¿Y por qué ganan tanto más? Porque su productividad se dispara. “Las naciones ricas son ricas porque están bien organizadas y las pobres son pobres porque no lo están”, explica The Economist. El obrero de una fábrica de Nigeria es menos eficiente de lo que podría serlo en Australia porque la sociedad que lo rodea es disfuncional: la luz se corta, las piezas de recambio no llegan a tiempo y los gerentes están ocupados peleándose con burócratas corruptos. Cuando el emigrante accede a un país rico, se beneficia de las ventajas del buen gobierno y el estado de derecho.

El derroche de talento que supone dejar a millones de individuos atrapados en economías improductivas no es una tragedia únicamente para ellos, sino para todo el planeta. “Las escasas estimaciones rigurosas que se han realizado de las pérdidas que ocasionan las barreras al movimiento de personas dejan boquiabiertos a los expertos”, escribe el investigador Michael Clemens.

“Si el mundo desarrollado permitiera que la llegada de extranjeros expandiera su fuerza laboral en apenas un 1%”, calcula el economista Alex Tabarrok, “la creación adicional de valor para esos emigrantes superaría toda la ayuda oficial”.

Es mucho dinero (unos 135.000 millones de dólares en 2014), pero Tabarrok especifica claramente que sus beneficiarios serían “esos emigrantes”. ¿Qué pasa con los que quedan atrás? ¿No descapitalizan las regiones que abandonan? Esa fuga de cerebros provocó en 1995 una dramática llamada de auxilio del Banco Mundial. “¿Puede alguien hacer algo para detener el éxodo de mano de obra cualificada de los países pobres?”, clamó. El catedrático de Columbia Jagdish Bhagwati incluso propuso que se gravara a los emigrantes con un impuesto especial, cuya recaudación se destinaría a reparar el daño infligido a sus compatriotas.

Pero si ese daño existe es tan insignificante que nadie lo ha detectado. Lo que por el contrario si está probado es que la perspectiva de emigrar altera la estructura de incentivos. Millones de indios se hacen ingenieros con la esperanza de emplearse algún día en Estados Unidos, pero no todos lo logran. El resultado es que India acaba con un nivel de educación superior al que tendría si se detuviera el éxodo. “La emigración es un estímulo para la formación de capital humano, no la culpable de una fuga de cerebros”, sentencian los economistas Oded Stark y Yong Wan.

“Cualquier pérdida que pudiera generar el emigrante la compensaría además con sus remesas”, añade Lidia Farré, profesora de Economía Política de la Universidad de Barcelona. El volumen de estos envíos ascendió el año pasado a 573.000 millones de dólares, según el Banco Mundial. En algunos lugares, este capítulo de ingresos supone hasta el 20% del PIB.

Queda claro, por tanto, que la emigración beneficia a los países emisores, pero ¿qué sucede con los receptores? Aquí circulan varios equívocos que conviene deshacer. De ellos nos ocuparemos en la próxima entrega. (Foto: Flickr, Paco Trujillo)

La ley de inmigración II y los giros políticos de Trump. Nieves C. Pérez Rodríguez

En nuestro artículo de la semana pasada explicábamos las marcadas diferencias entre los inmigrantes ilegales y los inmigrantes bajo la amnistía que les concedió DACA. Y apelábamos a la necesidad de una ley migratoria adaptada a los valores fundamentales de la nación estadounidense conforme a su constitución y el respeto a los derechos humanos, y por supuesto a sus propios intereses nacionales. Hoy retomamos el tema para explicar el cambio de dirección que han tomado las cosas, producto de un momento de pragmatismo en el que Trump negocia con el partido demócrata un acuerdo que mantendría el estatus pseudo-legal de estos individuos. Muy a pesar de que los pronósticos apuntaban en la dirección opuesta.

Trump es un hombre que necesita resultados, no hay más que ver sus negocios y la fortuna que ha conseguido amasar. La lealtad no es precisamente el valor más arraigado en su proceder, y la mejor prueba es que hoy estamos hablando de pactos entre él y el partido demócrata para sacar adelante una ley migratoria que proteja a estos “dreamers”, después de haber sido él mismo el que activó el debate y expresó sin tapujos su tendencia anti-inmigración, en la que los DACA estaban incluidos. Es bien sabido que en política los pactos entre distintos partidos son la clave de la supervivencia del sistema, pero en el caso de este inesperado cambio de postura de Trump se refleja su falta de afiliación y lealtad al partido republicano, y su desvinculación a la tradición más conservadora de las bases del partido.

En su estilo más puro, negocia durante una cena con los líderes demócratas el miércoles por la noche y amanece el jueves a las 6:35 a.m. twitteando a sus fieles seguidores, intentando justificar las razones de su cambio de postura (que valga acotar fueron las mismas razones que expusimos en esta columna la semana pasada): “Ellos fueron traídos a nuestro país hace muchos años atrás por sus padres, cuando eran niños. No es su culpa…” etc., etc. La clave de la rapidez de estas negociaciones están en poder presionar para presentar la ley antes del 13 de Diciembre, fecha en que vence la deuda pública, y en la que se verán obligados a negociar una vez más con los demócratas para evitar el cierre del gobierno estadounidense. Sumado a esto, son pocos los días legislativos que quedan dentro de la normativa y funcionamiento del congreso. Ambos escenarios benefician a los demócratas dándoles mayor control del juego.

Lo que seguramente Trump no midió fueron las consecuencias internas en las bases del partido republicano, en el núcleo más conservador, pues ésta es la segunda estacada en que deja a su partido en dos semanas. La primera fue el acuerdo con los demócratas para autorizar más gasto, más deuda pública y evitar el cierre del gobierno.

Los analistas ahora están planteando que Trump está buscando espacios de entendimiento con la oposición para poder sacar leyes adelante en vez de dejar que la lenta burocracia vaya a su ritmo. Sin embargo, en las filas de su partido se percibe como traición. A pesar de que muchos puedan estar a favor de los acuerdos, no están a gusto con las formas y el secretismo a sus espaldas.

Da la impresión de que las promesas electorales que lo hicieron presidente empiezan a desvanecerse frente a las ganas de empezar a dar resultados y avanzar. Hay que ver si favoreciendo a los “dreamers”, con la contrapartida pública de tener el apoyo demócrata para fortalecer la seguridad fronteriza, es un precio político razonable. Los demócratas están aprovechando su momento para sacar la mejor tajada: negocian la deuda sólo hasta diciembre, y mientras tanto consiguen avances políticos, como mantener DACA. Mientras que en las filas del partido republicano Trump está generando una división aún mayor que puede comprometer futuras negociaciones y apoyos que seguramente necesitará en el futuro cercano.

El debate migratorio debe cogerse con pinzas. Nieves C. Pérez Rodríguez

Washington.- Regular la inmigración ha sido un quebradero de cabeza para muchos países desarrollados. Hacerlo con la sutileza necesaria a la vez que con la firmeza necesaria, no es una formula fácil de encontrar. Desde luego no lo ha sido para Estados Unidos, país de inmigrantes por excelencia, pero que como casi todos los países se debate entre como legislar este hecho tan común o dejar el tema un poco a la deriva. Obama en el 2012 puso en ejecución DACA (por sus siglas en ingles) que se traduce como “Acción diferida para los llegados en la infancia”. Este programa se estableció con la idea de otorgar una especie de status de reconocimiento a estos individuos que fueron traídos en su niñez, de la mano de algún miembro de sus familias, que han pasado la mayor parte de sus vidas aquí, y que a día de hoy se sienten más estadounidenses que de su propio lugar de origen.

Entre 700.000 y 800.000 niños fueron traídos a Estados Unidos ilegalmente, lo cierto es que en la mayoría de los casos estos menores no tomaron la decisión de inmigrar sino que fueron traídos aquí y recibieron educación y se integraron lingüística y culturalmente en su nuevo lugar de residencia, y hoy son parte de esta sociedad. Este es el caso de Larissa, una joven de 20 años que llegó a la costa este con sus padres y hermanos pequeños, cuando sólo tenía 9 años. Fue aceptada en el sistema escolar y desde entonces habla mucho más inglés que su lengua nativa, y a día de hoy sólo tiene familia en este país. Ella es un buen ejemplo de estos “dreamers” o soñadores. Su vida transcurre entre una cadena de comida rápida en la que pasa 8 horas al día, la universidad en la que estudia, y por si fuera poco, cuidando niños por horas por las noches y fines de semana para sacarse un dinero extra. Hondureña de origen, no siente que aquel es su país, y es más, su castellano es tan limitado que incluso con la educación que ha adquirido aquí si fuera deportada no sería capaz de expresarse del todo, ni tendría un lugar al que llegar. Su familia viene de un entorno rural pobre con poca educación cuyo castellano es tan precario que los verbos no son conjugados correctamente, al punto de que en mis conversaciones con ella muchas veces le pregunto qué quiere decir para asegurarme de que la entiendo. Sin embargo, en inglés podría estar hablando todo el día sin titubear. Ella se inscribió en DACA, con la ilusión de legalizar su estatus y salir de la sombra, lo que le permitió adquirir su tarjeta de identificación y poder aspirar a un trabajo legal. Hoy le aterra pensar que con la información que compartió pueda ser fácilmente deportada.

La base de datos de estos jóvenes está en manos del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) y así como tramitaban la documentación para estos soñadores hasta el 5 de septiembre, podrían ahora convertirse en sus verdugos. A principios de esta semana Trump tomó la decisión de dejar sin vigencia este programa, lo que significa que el Congreso tiene seis meses para crear una ley que regule la situación de estos individuos, o quedarían en situación ilegal, pero con su información al alcance de las autoridades migratorias para acelerar el proceso de deportaciones. Una gran diferencia del resto de los inmigrantes ilegales en territorio estadounidense.

El 91% de los individuos con DACA están empleados legalmente por ser portadores de esta amnistía. Un 5% han comenzado sus propios negocios y pagan impuestos. Parte de ellos poseen viviendas y coches. Son un grupo de personas que contribuyen al crecimiento de la economía estadounidense. Algunos de ellos trabajan en las profesiones que los estadounidense no quieren.

Estados Unidos necesita una ley de inmigración a la altura de los valores presentes en la constitución y donde la seguridad nacional no esté comprometida, obviamente. Las primeras reacciones a la anulación de esta amnistía fueron recordatorios de los valores fundamentales de este país, en ambos partidos. Es un debate abierto y realmente incrustado. Estados Unidos tiene un deber moral de proteger los derechos humanos, así como también tiene el deber de proteger sus intereses nacionales. El presidente Trump ha dado signos claros de estar a favor de un país cerrado a la inmigración. Pero ahora está en manos del congreso la decisión de crear y aprobar una ley capaz de regular este complejo fenómeno. En el caso de DACA queda claro que estos jóvenes no son inmigrantes ilegales que arbitrariamente decidieron instalarse aquí. Son jóvenes, como Larissa, que se formaron bajo la aspiración del sueño americano y que conocen poco más que eso como ideal de vida.