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Una de las acusaciones más frecuentes contra China es el maltrato a los trabajadores, la carencia de protección de estos respecto a los empresarios, la facilidad de despido el trabajo de menores y otras tantas cosas parecidas.
Es obvio que en este tipo de acusaciones se mezclan verdades, verdades a medias y falsedades notorias, y que están todas teñidas de una fuerte ideologización. Y se puede hacer al respecto un ejercicio interesante. Reunamos todo lo que se dice de la reforma laboral en España y situémonos en una posición de observación desde fuera, como si no tuviéramos datos propios. En este caso sería fácil caer en la tentación de pensar que en España hay trabajadores en régimen de esclavitud, sin derechos, sometidos a la imposición empresarial y en un escenario de despidos, no solos libres, sino arbitrarios. Y todo esto en falso.
De la misma manera es rotundamente falso que en China no exista una legislación laboral. Que ésta requiera un perfeccionamiento desde la arbitrariedad que suponía el maoismo anterior y que la haga compatible con el crecimiento y la creación de empresas parece evidente, pero subrayemos que en China sí existe un sistema de seguridad social, pero aún se encuentra en construcción. En la medida que las empresas eran públicas en su mayoría éstas ya proveían al trabajador de prestaciones sociales, pero con el cambio de modelo económico operado en China los últimos 20 años, el sistema anterior se ha empezado a tambalear; en consecuencia, poco a poco (sobre todo después de 2010) se está intentando desarrollar un sistema que asegure pensiones de jubilación, atención médica, subsidio de desempleo y subsidio en caso de maternidad, pero las coberturas aún no son ni mucho menos universales.
China ha iniciado un modelo de crecimiento que necesita crear mercado, estimular empresas y, sobre todo, hacerlas competitivas en los grandes mercados internacionales. Aumentar los costes de producción, exigir aumentos salariales generalizados al margen de la productividad real y pretender que se haga a golpe de decreto sería, como en España, abonarse a que haya, esta vez sí, despidos masivos, pobreza y una gran inestabilidad social que, en el caso chino, sería una amenaza de escala planetaria.
Esto no quiere decir que los chinos y su sistema sean los buenos de la película; pero el asunto es lo suficientemente complejo para que se hagan reflexiones sosegadas y pegadas a la realidad y no desde púlpitos confortables en universidades progresistas o despachos sindicales que defienden privilegios. La exigencia de derechos «occidentales» para algunas sociedades es, en el fondo, un argumento que apoyaría algún sector de la Administración Trump por lo que tiene de barrera para el libre mercado. Hay que establecer normas para dar seguridad jurídica y estabilidad a los mercados, pero éstas no deberían ser instrumentos para mantener la intervención, el dirigismo económico y las barreras a la libertad que perpetúan la pobreza.
