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La tragedia de Tiananmén; Nieves C. Pérez Rodríguez.

Treinta y tres años atrás tuvo lugar la masacre de la Plaza de Tiananmén donde se llevaba a cabo una protesta que duró cincuenta días, pero que acababa abruptamente con un asalto brutal de manos del ejército chino. Ese tristísimo 4 de junio de 1989 dejó imágenes de filas de tanques atravesando la capital y dispuestos a acabar con lo que había sido una larga pero pacífica protesta en la que nunca se dieron a conocer cifras oficiales de asesinados ni encarcelados.

La plaza de Tiananmén tiene hoy con un doble simbolismo pues fue diseñada como parte del plan urbanístico de la nueva China en 1949 con el propósito de tener un lugar para celebrar la creación de la República Popular china. Inspirada además en la Plaza Roja de Moscú debido a la fuerte influencia soviética, la idea fue construir una plaza gigantesca en cuya explanada se pudieran llevar eventos políticos de gran envergadura. Se considera aún hoy una de las plazas más grandes del mundo con unos 880 metros de longitud de norte a sur y otros 500 metros de este a oeste. Los 440.000 metros cuadrados se asientan sobre el centro geográfico y político de Beijing.

El aniversario de esta masacre revive las razones por las que los manifestantes se encontraban allí. Los manifestantes, cuya mayoría eran jóvenes estudiantes, se agruparon para protestar por la falta de libertades. Aunque estaban desorganizados, pues inicialmente fue casi casual, con el paso de los días fueron haciéndose fuertes y creciendo el número de quienes exigían mayor rendición de cuentas, estado de derecho, libertad de expresión y de prensa.

El país venía pagando el altísimo precio de la revolución cultural de Mao que literalmente mató de hambre a millones de sus ciudadanos y mantuvo al país en una gran pobreza y opresión.

Las demostraciones pacíficas comenzaron a mediados de abril y de manera casual fueron incorporando estudiantes de distintas universidades, quienes progresivamente fueron recibiendo el apoyo y simpatía de gran parte de la sociedad civil, por lo que las congregaciones se replicaron en más de cuatrocientos ciudades. Había un profundo descontento social y una necesidad de cambio que fue silenciado con la muerte de miles que son las estimaciones hechas y además sumando otros tantos heridos.

La versión oficial china de lo ocurrido siempre ha consistido restar importancia a la brutal respuesta. En efecto, mientras el mundo se refiere a la “masacre de Tiananmén” en el lenguaje oficial se hace referencia al “incidente del 4 de junio” o “revuelta contra revolucionaria”. Muy en la línea del Partido Comunista chino que busca silenciar y neutralizar cualquier movimiento político que no esté a favor del partido. En efecto, cualquier concentración para conmemorar el hecho está terminantemente prohibida. Hasta hace poco, en Hong Kong se celebraba una enorme vigilia con gran devoción en el Parque Victoria, con velas, pero eso también se prohibió desde que Beijing controla la isla. La policía hongkonesa advirtió antes del día que todas las vigilias, misas, concentraciones u otra forma de expresión de conmemoración del 4 de junio sería una violación de la ley de seguridad nacional del 2020. Ley que ha transformado la esencia de Hong Kong y ha restringido las libertades democráticas que existían.

El parque Victoria fue cerrado 24 horas antes del aniversario hasta doce horas después del día en cuestión, previniendo concentraciones. La ciudad estaba rodeada de cinturones de seguridad y una fuerte presencia policial.  Sin embargo, un grupo de cinco personas que consiguió colarse y encender las luces de los móviles en representación de las velas fue arrestado, según reportó CNN.

Mientras tanto, en el exterior se intentaba recordar la tragedia para honrar las muertes y quienes allí lucharon por sus libertades. El Departamento de Estado emitió un comunicado firmado por el secretario Blinken en el que se afirmaba que “nunca se olvidará la masacre de Tiananmén donde decenas de manifestantes a favor de la democracia se unieron pacíficamente para pedir democracia, en la que innumerables fueron encarcelados y aún hoy se desconoce el número de muertes”.

En la capital inglesa se rendía tributo en la Torre de Londres con la proyección de imágenes de la agresión perpetrada por las fuerzas militares chinas a la sociedad civil y con fuertes mensajes que decían: “nosotros recordamos a los masacrados en la Plaza de Tiananmén, a quienes se alzaron por la libertad y justicia y pagaron el último precio”; también conmemoraron a Hong Kong, a Jimmy Lai quien está privado de su libertad por haber participado en la vigilia de las velas. “El PC chino extingue las libertades”, recordando a todos los prisioneros políticos. “Liberen Hong Kong, Liberen el Tibet, Liberen a los uigures, la represión continua”. Aunque el mensaje lo firmaba el comité por las libertades de Hong Kong (CFHK) el lugar donde apareció es muy simbólico y tuvo que contar con la aprobación del Estado inglés.

También hubo conmemoraciones en distintas ciudades australianas en las que se replicó la vigilia de las velas en honor a las víctimas e intentando mantener el recuerdo lo que allí sucedió. En Australia, Inglaterra y Estados Unidos se han acogido algunos de los activistas hongkoneses por temor a represalias.

Mientras tanto, en China se ignoraba el suceso un año más y se prohibió cualquier manifestación de recordatorio. De hecho, uno de los “influencer” más seguidos en China, Li Jiaqi, quedó silenciado durante la transmisión en vivo en sus redes de la imagen de una tarta que aparentemente tenía forma de tanque militar justo antes del aniversario de la masacre. Los medios occidentales que reportado que la tarta suscitó un gran debate entre los millones de jóvenes seguidores del bloguero. Hasta ahora se desconoce el paradero del chico y sus redes fueron cortadas.

En tal sentido, coincidiendo con el aniversario de la masacre, Benedict Rogers, periodista inglés y activista en derecho humanos, publicaba un artículo en The Spectator que decía “La última década del gobierno de Xi Jinping nos ha proporcionado un claro recordatorio de que el régimen que mató de hambre a decenas de millones durante el Gran Salto Adelante, mató a millones en la Revolución Cultural y asesinó al menos a 10.000 en 1989 es el mismo régimen que ha encarcelado al menos a un millón de uigures y persigue y reprime a millones de otras personas en toda China.

 

INTERREGNUM: Marcos 2.0. Fernando Delage

Si la regresión de la democracia es un fenómeno global desde hace unos 15 años, especialmente preocupante resulta su retroceso en el sureste asiático. Con una población mayor que la de la Unión Europea y equivalente a la de América Latina, su crecimiento económico sostenido durante décadas no ha conducido a la liberalización política que cabía esperar. Más bien al contrario: la región es un ejemplo de resistencia autoritaria, incluso donde se celebran regularmente elecciones. Si experiencias de transiciones democráticas han sido revertidas en Tailandia y Myanmar, ambas en manos de sus fuerzas armadas, otras se encuentran en grave peligro, como Indonesia y, muy especialmente, Filipinas.

Fue en este último país donde se produjo la primera transición, en 1986. Las manifestaciones populares y la presión de Estados Unidos condujeron a la renuncia del dictador Ferdinand Marcos después de 21 años en el poder, ocho de ellos bajo ley marcial. Da una idea del estado de la vida política nacional que, tres décadas y media más tarde, sea su hijo Ferdinand Jr., quien previsiblemente se convertirá en el nuevo presidente tras las elecciones de esta semana. “Bongbong” Marcos sucede así a Rodrigo Duterte (la presidencia se limita a un único mandato de seis años), acompañado—otro dato revelador—por la hija de este último, Sara Duterte, como vicepresidenta, y con el apoyo de otras dinastías políticas vinculadas a otros dos presidentes anteriores: Joseph Estrada y Gloria Macapagal Arroyo. Se trata de una alianza que permitirá a estas familias controlar tanto el gobierno como la legislatura, y quizá acabar con lo que queda de democracia en el archipiélago.

Estas eran por tanto las elecciones más importantes desde la transición. Aunque han concurrido numerosos candidatos, sólo dos tenían posibilidades de victoria: Ferdinand Marcos Jr., y la vicepresidenta saliente, Leni Robredo, del Partido Liberal. Los sondeos mostraban desde hace semanas, no obstante, una clara diferencia a favor del primero. Pese a la gravedad de los problemas nacionales—el impacto económico de la pandemia, la corrupción o la desigualdad social—, las elecciones se han centrado en gran medida en la personalidad de los candidatos. Como congresista, senador y gobernador provincial, Marcos Jr. suma muchos años de experiencia política, pero su apoyo popular se debe a la promesa de restaurar la “era dorada” de su padre, acompañada por el recurso a la desinformación en las redes sociales, una práctica en la que Duterte ha sido un consumado maestro. Aunque Robredo ha hecho hincapié repetidamente en que la democracia filipina está en peligro, su mensaje no ha logrado imponerse sobre las tácticas electorales y las redes clientelares de Marcos y sus aliados.

Si la guerra extrajudicial de Duterte contra las drogas supuso el abandono por el gobierno de los principios constitucionales más básicos—sin perder por ello una extraordinaria popularidad—, su acercamiento a China modificó asimismo la continuidad de la política exterior de este aliado fundamental de Estados Unidos. Marcos Jr. ha mantenido esa misma relación de proximidad a Pekín—mayor socio comercial, segundo inversor exterior y segunda fuente de turistas extranjeros para el país—, aunque una opinión pública contraria a unos vínculos demasiados estrechos condicionarán su margen de maniobra. No es descartable en consecuencia que se recuperen los lazos con Washington, siempre defendidos por las fuerzas armadas y los diplomáticos filipinos pese a los daños causados por el presidente anterior. El problema para la administración Biden será, como ya ocurre con otras naciones del sureste asiático, cómo sumar socios a una política de contraequilibrio de la República Popular sin tener que mirar para otro lado frente a esta trágica derrota del pluralismo.

Unos juegos olímpicos realmente excepcionales. Nieves C. Pérez Rodríguez

El domingo se celebró la clausura de los juegos olímpicos de invierno de Beijing con una ceremonia fastuosa en el Estadio Nido de Pájaro… “Unos juegos realmente excepcionales”, tal y como los describió el propio presidente del Comité Olímpico, Thomas Bach, cuando declaraba el cierre del evento.

Excepcionales porque, en los meses previos, la noticia no fue que los estadios o pistas de patinaje y hielo estaban siendo construidas o que estaban ya listas, sino que la noticia fue un debate sobre si China debería o no ser anfitrión de los juegos a pesar de la denuncias de consecutivas violaciones de derechos humanos que tienen lugar en el país. Hecho que motivó el boicot internacional encabezado por Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Canadá entre otro que, aunque no impidió la realización del evento, si generó polémica e incomodidad en el gobierno chino, que se quejó por la publicidad negativa del boicot mientras negó enérgicamente la veracidad de que los derechos humanos no se respeten en China.

En un intento por silenciar las denuncias y tergiversar la realidad, el Partido Comunista incluyó a Dinigeer Yilamujiang, una joven atleta uigur (sin medallas olímpicas) a protagonizar el momento más simbólico de la inauguración, el encendido de la antorcha. Dinigeer fue expresamente usada para enviar un mensaje neutralizador de las protestas por las violaciones de los derechos de esta minoría.

Estos juegos fueron excepcionales por no haber contado con espectadores debido a que se celebraron en medio de una pandemia. Excepcionales también porque las Villas Olímpicas se mantuvieron absolutamente aisladas de la vida de la ciudad y herméticamente cerradas a cualquier individuo que no formara parte en los juegos. Excepcionales por los rigurosos controles sanitarios que incluyeron pruebas diarias de Covid-19 a los casi 3000 participantes y una larga lista de controles y restricciones en pro de mantener la política de cero casos impuesta por el Partido Comunista en China. Por estas fechas el año pasado se celebraron en Tokio los juegos olímpicos y aunque fueron cuidadosamente organizados por la pandemia, los participantes no estuvieron sometidos a los excesivos controles impuestos por Beijing.

Excepcionales además por los líderes que asistieron a la inauguración del evento: unos veinte dirigentes que en su mayoría provenían de países pobres, naciones vecinas a China o dependientes de Beijing, o estados cuyos gobiernos son conocidos por sus restricciones de libertades. En efecto, el gran protagonismo lo tuvo Vladimir Putin, quien, además, se reunió en privado con Xi Jinping y consiguió su apoyo a los lanes rusos en la delicada situación de Ucrania. Mientras, la presencia de los líderes occidentales brillaba por su ausencia.

Estos juegos fueron excepcionales porque la atleta que más ha dado que hablar fue la esquiadora Eileen Gu.  La ahora medalla de oro en la categoría de esquí acrobático es una chica nacida y criada en los Estados Unidos, de padre americano y madre china, y que aunque nadie cuestiona que es la “princesa de la nieve”, como la llaman por su gran destreza en el esquí, la atención se ha centrado en ella por su origen y su nacionalidad y la incógnita que surge por saber si abandonó la nacionalidad estadounidense para competir en el equipo chino. Pues, de acuerdo con la ley china, para poder representar a China hay que ser de nacionalidad china y asimismo China no permite la doble nacionalidad.

Excepcionales también por la forma como el Comité Olímpico manejó algunas descalificaciones que nos tocará esperar para ver como se resuelven, pues las naciones afectadas han introducidos quejas formales que tardarán un tiempo en resolverse. Pero que en la mayoría de los casos las descalificaciones ayudaron a los atletas chinos a llegar a las primeras posiciones.

Fueron dos semanas definitivamente excepcionales en las que el Partido Comunista chino aprovechó para brillar como país, pero también como líder internacional de primer orden. No sólo quedó como la tercera nación en ganar medallas, detrás de Alemania que quedó en segundo lugar o Noruega que obtuvo el primer lugar, sino que Beijing aprovechó el escenario de los juegos olímpicos para ejercer el rol de líder internacional y llenar vacío que ha ido dejando Washington.

 

La Corte Penal de Buenos Aires y los uigures. Entrevista a Peter Irwin. Nieves C. Pérez Rodríguez

A mediados de diciembre en esta columna se informaba que el Congreso Mundial de Uigures (WUC por sus siglas en inglés) y el Proyecto Uigur de Derechos Humanos (UHRP) habían instruido a abogados para que presentaran una denuncia sobre crímenes internacionales cometidos contra los uigures y otros pueblos turcos en la región de autónoma de Xinjiang ante la Corte Penal Federal de Apelaciones de Buenos Aires.

 

Para profundizar y comprender las razones por las cuales es posible que el caso de violación de derechos humanos de los uigures pueda ser planteado ante un tribunal de un país extranjero y sin vínculos jurídicos con China contactamos a Peter Irwin, encargado de los programas de promoción y comunicación de la organización Proyecto Uigur de Derechos Humanos con sede en Washington D.C.

 

Irwin tiene una maestría en Derechos Humanos de “London School of Economics and Political Science” y ha dedicado años a investigar el compromiso de China en la ONU y cómo encuadra Beijing su relación con los uigures en el plano internacional. También fue el portavoz del Congreso Mundial Uigur, donde trabajó como representante de la ONU en derechos humanos en la sede de Ginebra.

 

En su lucha por denunciar lo que está sucediendo a esta minoría ubicada en la región china de Xinjiang plantearán la causa coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing de febrero del 2022. Por lo que aprovechamos la oportunidad para preguntar a Irwin los detalles:

 

¿Por qué el caso uigur de violación de derechos humanos puede ser llevado a una Corte Federal criminal argentina?

 

De acuerdo con las disposiciones de jurisdicción universal de Argentina, los tribunales tienen jurisdicción para crímenes internacionales como genocidio y los crímenes de lesa humanidad, donde quiera que sea que estos crímenes se produzcan.

 

¿Cuáles son las etapas de este proceso?

 

Una vez introducida la denuncia, tendrá lugar la primera etapa del proceso, que es la etapa procesal. Es en esta primera parte del proceso el juez designado considera la denuncia y los argumentos del fiscal y sobre eso tomará la decisión de si se abre o no el caso.

 

Si el juez decide aceptar el caso entonces se inicia la investigación y ambas organizaciones, el Congreso Mundial de Uigures y el Proyecto Uigur de Derechos Humanos, presentarán pruebas que deberán demostrar claramente que los crímenes internacionales de genocidio, crímenes de lesa humanidad y tortura se están cometiendo contra el pueblo uigur y otras personas de etnia turca en la región de Xinjiang.

 

En el caso de que la Corte de Buenos Aires acepte el caso, ¿Diría usted que lo haría basado en crímenes en contra de la humanidad o se basarían en un cargo más específico como genocidio en contra de un grupo minoritario?

 

La Corte va a considerar ambos.

 

¿Qué significa para el movimiento de defensa de los uigures poder llevar este caso ante una corte internacional?

 

Este es realmente el paso hacia la justicia para el pueblo uigur.  El tribunal uigur fue el primer organismo en evaluar las pruebas de las atrocidades y la escala de estas, pero carece de jurisdicción o medida vinculante. Un caso de jurisdicción universal implica que el caso sea decidido por un tribunal nacional con poder real.

 

¿Cuáles son las expectativas de la comunidad uigur con en este caso en particular?

 

Yo creo que las expectativas de la comunidad uigur se resumen en que el tribunal llegue a una conclusión similar a la del Tribunal Uigur. Es decir, que la corte sopese las pruebas y determine que efectivamente se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y genocidio.

 

Los grupos de defensa o movimientos uigures han conseguido logros bastante notables en los últimos meses. ¿Diría usted que se debe a que el mundo ha despertado a las prácticas del Partido Comunista chino contra las minorías chinas?

 

Yo diría que ha habido un impulso creciente durante el último año. Esto se debe a varias cosas, entre ellas la definición de genocidio de varios gobiernos, el dictamen de genocidio realizado por el Tribunal Uigur, los boicots diplomáticos antes de los Juegos Olímpicos de invierno y la aprobación de la “Ley de Prevención de Trabajo forzoso uigur” en los Estados Unidos. Con todo esto en conjunto, hemos visto como se impulsa nuestro compromiso y lucha hacia adelante.

 

¿Cuál será el próximo paso en la lucha internacional de los uigures?

 

El próximo paso que estamos esperando es la publicación de la evaluación por parte de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Una vez que se publique este informe, esa publicación estimulará acciones adicionales por parte de otras agencias de la Naciones Unidas que han permanecido en absoluto silencio hasta ahora.

 

 

 

 

 

Los uigures ganan nuevas batallas. Nieves C. Pérez Rodríguez

Por estas fechas en 2018 esta servidora escribía por primera sobre la trágica y más reciente historia de los uigures. En aquel momento era muy poco lo publicado en castellano e incluso en inglés se dedicaban pocas líneas a contar la triste situación de esta minoría turca anclada en la provincia autónoma de Xinjiang, en el extremo oeste de China.

Desde entonces la tragedia no ha hecho más que aumentar. Miles de familias de esta etnia, junto con otras minorías musulmanas en China, han sido objeto de represión cultural, abusos físicos, esterilizaciones masivas, separación familiar y detenciones masivas en centros en los que ya muchos se atreven a llamarlos abiertamente campos de concentración.

Tal ha sido el número de denuncias que progresivamente los medios han ido dedicando más tiempo y líneas en dar a conocer esa dura situación. Desde Washington la lucha ha sido ardua, con unos 8.000 uigures residentes en Estados Unidos, muchos de los cuales tienen algún familiar desaparecido o incluso ellos mismo han sido víctimas directas de la persecución. Desde el Congreso también se han introducido varias leyes, bien sea para protegerles de trabajos forzosos o bien condenando el trato que reciben estas minorías en China, o la ley de protección de los Derechos Humanos de los uigures, entre otras.

Coincidiendo con el día internacional de Derechos Humanos, el 10 de diciembre, el Departamento del Tesoro anunciaba nuevas sanciones, en esta ocasión a Shohrat Zakir, presidente de la Región Uigur entre 2018 y 2021, y Erken Tuniyaz, quién lo sucedió en la posición y es el actual líder político de la región.

Asimismo, el 11 de diciembre la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirmaba que está finalizando su reporte sobre Derechos humanos en Xinjiang. Aunque ya la ONU había afirmado con anterioridad que han identificado patrones de detención arbitraria, prácticas laborales coercitivas y erosión de derechos sociales y culturales.

La semana pasada también el Tribunal Uigur, un organismo independiente compuesto por abogados, académicos y empresarios, y que no tienen ningún poder estatal o gubernamental para sancionar a China, concluyó que el Partido Comunista chino está cometiendo genocidio y crímenes en contra de la humanidad hacia los uigures.

Al tribunal fueron sometidos los primeros documentos oficiales clasificados que se han filtrado, que, de acuerdo con el analista Adrian Zenz, “muestran que Xi Jinping y el primer ministro Li Keqiang, junto con otros funcionarios del gobierno central exigieron después del 2016 la puesta en marcha de políticas de reclusión, transferencia laboral coercitiva, educación en internados centralizados y control de la natalidad.

El presidente del tribunal, Geoffrey Nice, dijo que el fallo de genocidio se basa en la evidencia de las políticas de control de natalidad y esterilizaciones forzadas por el gobierno chino a los uigures y con el objetivo puesto es destruir una parte significativa de la población. Nice afirma también que las prácticas son parte integral de la política de Xi Jinping y de las altas esferas de poder en China.

En miras al nuevo año, el Congreso Mundial de Uigures (WUC por sus siglas en inglés) y el Proyecto Uigur de Derechos Humanos (UHRP) han instruido a abogados para que introduzcan una denuncia sobre crímenes internacionales cometidos contra los uigures y otros pueblos turcos en la región de autónoma de Xinjiang ante la Corte Penal Federal de Apelaciones de Buenos Aires. Todo parece indicar que coincidirá con los juegos olímpicos de Beijing de febrero.

Michael Polak, el abogado de nacionalidad británica encargado de introducir la denuncia ante la Corte argentina, decía a AP que “anticipa que China haga uso de su presión política y financiera hacia Argentina para intentar parar el caso en la Corte. No obstante, la primera barrera la pone la propia normativa de la Corte que contempla que la corte misma debe estar de acuerdo con recibir el caso. Aunque Polak insiste en que las evidencias son tan fuertes que la Corte argentina no debería tener ninguna dificultad en aceptarlo.

Esta semana el congreso estadounidense, después de muchas dificultades, conseguía aprobar la “ley de trabajo forzoso uigur” que representa no solo un gran éxito bipartidista sino una gran estocada a China. El proyecto de ley que fue introducido por el senador Marco Rubio -por el partido Republicano- y quien en los dos últimos años ha sido un ferviente defensor de la necesidad de aprobarlo, ha insistido en que esta ley ha tenido mucha oposición sobre todo desde las grandes corporaciones estadounidenses que han hecho un gran lobby en su contra para poder seguir importando productos de Xinjiang.

Con esta nueva ley se asegura que no podrán entrar a los Estados Unidos productos que han sido elaborados con trabajo forzoso de uigures u otras minorías en la región de Xinjiang. Por lo que las corporaciones estarán obligadas a investigar y probar que los productos que están importando fueron hechos en concordancia con las leyes estadounidenses.

El Senador Jeff Merkel -por el partido demócrata- afirmaba que “con esta ley estamos mandando un mensaje inequívoco en contra del genocidio y del trabajo forzoso. Mientras, nos aseguramos de que los consumidores estadounidenses puedan adquirir productos sin caer en la complicidad de los terribles abusos de los derechos humanos”.

La aprobación de esta ley, que aún debe pasar el filtro de la Casa Blanca pero que no se pone en duda que pase, llega en un momento muy oportuno y definitivamente manda un mensaje muy contundente a Beijing sobre sus prácticas y las consecuencias de estas en una economía globalizada.

Mientras tanto, China se ha dedicado a publicitar su propaganda para intentar limpiar su imagen sobre todo de cara a los juegos olímpicos de inviernos de Beijing. Sin embargo, las críticas contra los abusos a los derechos humanos en China han tenido más eco que nunca y parece estar claro que cada día es más difícil para Beijing disfrazar su auténtica realidad.

 

Los uigures continúan su lucha. Nieves C. Pérez Rodríguez

Entre el 12 y 14 de noviembre tuvo lugar la VII Asamblea General del Congreso Mundial de los uigures (World Uyghur Congress WUC, por su nombre en inglés).  El WUC es una organización con sede en Alemania que aboga por los derechos de los uigures y condena a China por sus abusos continuos a miembros de esta etnia minoritaria china, cuya mayoría se encuentra en la región de Xinjiang al extremo oeste de China.

El WUC fue creado en 2004 por un grupo de uigures exiliados que congregó fuerzas para defender los intereses y derechos fundamentales de los uigures. A través de los años la organización ha ido tomando más fuerza e importancia y han conseguido financiamiento y atención internacional.

Se estima que el Partido Comunista chino tiene retenidos más de 1 millón de uigures en unos centros le “reeducación” de acuerdo con el nombre dado por el propio gobierno chino, o también llamado campos de concentración por aquellos que han padecidos y han contado las atrocidades que allí adentro suceden.

Sin embargo, organizaciones pro derechos de los uigures como UHRP (Uyghur Human Rights Project) estiman que son cerca de tres millones de uigures los que se encuentran detenidos en estos centros en los que se practican esterilizaciones masivas de mujeres, políticas de asimilación cultural, torturas y trabajos forzosos entre muchas otras.

De acuerdo con Bahram Sintash, un arquitecto experto en arte y diseño uigur, que ha venido estudiando como la situación política se ha venido deteriorándose para su etnia, “está claro que lo que está haciendo Beijing es un genocidio cultural y religioso que comenzó en 1996 cuando lanzaron la campaña “atacar fuerte” y condenaron las actividades religiosas como ilegales. Desde entonces, la presencia de la policía en Xinjiang es constante. Después de los atentados del 11 de septiembre el uso del término terrorismo ha sido exponencialmente usado para justificar el patrullaje casi permanente. En 2017 fue oficialmente prohibido el uso de la lengua de los uigures en las aulas. Las restricciones religiosas del gobierno ahora son tan estrictas que efectivamente ha prohibido la práctica del islam”.

Las dificultades para estas minorías parecen no ser solo en Xinjiang puesto que la WUC, en los previos al evento, solicitaron a un hotel de la cadena Marriot en Praga reservar los salones para su asamblea general pero el hotel declinó la solicitud alegando “razones de neutralidad política, por lo que no podemos ofrecer eventos de este tipo con tema político”.

Aunque más tarde rectificaron y se disculparon, las autoridades de la organización uigur insisten en que se debe a la presión de las autoridades chinas. La Embajada china en la República Checa ya había aprovechado para condenar a la Organización, y aunque el hotel intentara remediar el error, está claro que el lobby del gobierno chino bien sea a través de sus oficinas diplomáticas o presiones directas a empresas tienen un fuerte impacto hoy en todos los sectores.

El evento, que contó con unos 200 uigures que se encuentran en el exilio y que se trasladaron de 25 países diferentes, tuvo como propósito elegir a las autoridades del WUC por los próximos tres años y contaron con expertos legales, académicos, diplomáticos, legisladores y sobrevivientes de los “centros de reeducación” que dieron testimonios de sus propias experiencias, analizaron las prácticas y la responsabilidad de lo que está sucediendo en la región autónoma de Xinjiang.

La persecución a los uigures ha despertado gran interés global especialmente en los dos últimos años. En junio de este año sesenta parlamentarios de dieciocho naciones condenaron las acciones del Partido Comunista chino hacia la minoría turca, junto con Amnistía Internacional y Human Right Watch. Ahora, además, se suman las denuncias de que unos 80.000 uigures así como de otras minorías musulmanas chinas están siendo transportados a otras regiones chinas y obligados a realizar trabajos forzosos en fábricas, de acuerdo con la información que manejan las organizaciones de derechos de los uigures.

Las denuncias traspasan el territorio chino y las organizaciones de derechos humanos han implicado a muchas grandes marcas como Adidas, Nike, H&M, Zara, Uniqlo, Marks & Spencer, o incluso firmas de lujo que usan el algodón producido en la región de Xijiang que al parecer no solo es de altísima calidad, sino que se produce en cantidades masivas.

En otro plano, el tomate producido en la misma región parece estar llenando los anaqueles de los supermercados occidentales, pero con el “Made in Italy” poque Italia compra el tomate de Xinjiang y lo envasa en su territorio. Solo en el 2021 las exportaciones de tomates chinos a Italia se duplicaron, según Adrián Zenz, investigador de la organización Victimas del Comunismo.

Para Beijing, todas estas campañas de descredito eran incómodas hasta hace poco, pero cada día se convierten en un problema mayor y más difícil de eludir. Si bien han jugado a presionar a empresas y entidades políticas con retirarle su apoyo, ahora la presión ha bajado al sector económico o incluso deportivo, cada día más consciente de los abusos que el Partido Comunista es capaz de ejercer en sus propios ciudadanos.

Si las prohibiciones como la del uso del algodón siguen imponiéndose en otros productos como el tomate o cualquier otra materia que produzca China, más pronto que tarde Beijing tendrá que corregir, al menos parcialmente, su comportamiento para poder seguir exportando productos que el mundo necesita, pero que a ellos les ha permitido convertirse en la segunda economía del mundo.

Los uigures están pagando un altísimo precio para que el PC chino sigua adelante con sus planes control y definición de una única identidad china. Su región es precisamente la puerta de salida de la Ruta de la Seda hacía Asia central y por ahí conectar con Europa. Las naciones democráticas deberían seguir imponiendo restricciones a los productos originarios de esta región para intentar así parar esta terrible persecución cuya misión tiene borrar la identidad de una etnia que coexistido por siglos en esta región.

 

La NBA y China. Una vez más. Nieves C. Pérez Rodríguez

La historia del enfrentamiento entre la NBA y China se repite una vez más. En esta ocasión, el equipo que centra la polémica es Boston Celtics debido a que Enes Kanter, uno de los jugadores profesionales del equipo que fue fichado por la NBA en el 2011, subía el pasado miércoles un video en Twitter en el que se expresaba en apoyo a la libertad del Tíbet.

El tweet decía: “Estimado dictador Xi Jinping y el gobierno chino ¡El Tíbet pertenece al pueblo tibetano!”. A la publicación la acompañaba además un video en el que el jugador vestía una camiseta con la imagen del Dalai Lama y abogando por los derechos del pueblo tibetano mientras denunciaba que es un pueblo sin derechos básicos.

La respuesta a ese tweet no tardaba en producirse en Weibo, la plataforma china que es una especie de fusión entre Twitter y Facebook. La red informaba a los usuarios que “a partir de ahora nuestra página no proporcionará información sobre los Boston Celtics y dejaremos de actualizar los datos relacionados con el equipo. ¡Cualquier comportamiento que socava la armonía de la nación y la dignidad de la madre patria, nosotros lo resistimos!”.

La contundente respuesta desde China también la manifestó Tencent, el conglomerado tecnológico chino que proveen de productos y servicios de internet y que tiene los derechos exclusivos de transmisión de los partidos de la NBA en China. Tencent dejó de transmitir en línea los partidos de los Boston Céltics justo después de que Kanter publicara el primer mensaje en su cuenta de Twitter.

En plena ebullición de la polémica el atleta volvía a publicar otro mensaje en Twitter en esta segunda ocasión el reclamo se dirigía a pedir libertad para los uigures: “Dictador desalmado Xi Jinping y el Partido Comunista chino. Me estoy dirigiendo a ustedes. Cierren los campos de trabajo forzoso y liberen al pueblo uigur. ¡Alto al genocidio ahora!”.

A estas publicaciones se le sumaron otras en la misma tónica, todas ellas reclamando las libertades de minorías chinas. Kanter, además, aprovechó los partidos de inicio de temporada para mantener la protesta viva portando coloridas zapatillas con mensajes como” Free Tibet”, “Free Uyghur” o “Free China”.

Las zapatillas fueron diseñadas por el artista y disidente chino Badiucao, conocido por su discrepante posición con el Partido Comunista chino. Badiucao nació en Shanghái y actualmente reside en Australia desde donde se ha hecho con un nombre en el mundo de la caricatura. Badiucao hace uso de la sátira política para denunciar los abusos del gobierno chino.

Enes Kanter no solo es conocido por su talento en el deporte sino por su activismo en defender causas justas y derechos humanos. Probablemente su historia personal de haber nacido en Suiza mientras sus padres estudiaban allí, haber crecido en Turquía y ser residente de los Estados Unidos desde que era un adolescente por sus destrezas en el baloncesto, seguramente ha modelado una visión más global del mundo.

El baloncesto es un deporte con 500 millones de aficionados en China, de acuerdo con Reuter, siendo por tanto el deporte más popular en el país asiático. Los cálculos apuntan a que unos 300 millones de ciudadanos chinos practican baloncesto, por lo que la afición y seguimiento de las ligas internacionales en China es realmente masiva.

La rapidez de las tajantes respuestas de las empresas chinas refleja el compromiso de estas con el Partido Comunista chino y la auténtica realidad del mundo de negocios en la nación asiática. Por muy atractivo que parezca establecer negocios en China, las empresas deben evaluar minuciosamente lo que implica y hasta dónde llega el compromiso. Muchas empresas estadounidenses se encuentran en un momento reflexivo acerca de la sostenibilidad de mantener o trasladar sus negocios hasta China debido en gran parte a la presión del propio congreso y en muchos casos hasta de sus consumidores.

Este tipo de circunstancias debe servirle a las empresas internacionales para comprender lo que verdaderamente significa estar bajo la jurisdicción de las autoridades chinas. No es la primera vez, ya que hace un par de años sucedió algo muy parecido por un tweet del ejecutivo de los Rockets de Houston en apoyo a los manifestantes en Hong Kong y que terminó involucrando al Comisionado de la NBA porque China exigía que despidieran al ejecutivo.

El Partido Comunista chino, por su parte, sigue honrando el fiel compromiso de no tolerar ninguna crítica o inherencia en sus asuntos, hasta el punto de que prefiere sacrificar negocios antes que tolerar un error o crítica. Beijing es consciente de que tiene muchos problemas económicos ahora mismo: los problemas con las gigantes inmobiliarias, problemas de escasez de carbón, severos problemas eléctricos justo a días de la llegada de invierno, y esos son sólo unos pocos de los frentes que tienen abiertos y que no pueden permitirse el lujo de descuidar.

Sin embargo, la necesidad de control de las autoridades chinas ha sido una prioridad en los últimos 70 años y seguirá siendo la prioridad número uno en su manual de operaciones. Por lo que prefieren sacrificar negocios por mantener absoluto control político. ¿Pero hasta dónde podrán llegar si los consorcios, corporaciones y empresas dejan de hacer negocios con ellos?

 

Los uigures y la Administración Biden. Nieves C. Pérez Rodríguez

La difícil situación de los uigures, la etnia turca que lleva asentada varios siglos en la región autónoma de Xinjiang, es cada día más precaria. El Partido Comunista Chino ha hecho todo lo que está en su poder para mantener absoluto control social, usando tecnología punta de vigilancia y registro diario de los ciudadanos de este grupo. Además de mantener un escrutinio cotidiano de las actividades rutinarias de los uigures, el envío de ésta minoría a los centros de reeducación chinos o los llamados por los expertos “campos de concentración”, en los que se llevan a cabo todo tipo de atrocidades como esterilizaciones masivas de mujeres para reducir el número de nacidos de este grupo, violaciones sexuales de las reclusas y lavado del cerebro buscando eliminar cualquier valor religioso o cultural musulmán distinto al comunista chino.

Las constantes denuncias de quienes han podido escapar de allí, junto con las imágenes satelitales, prueban la existencia de estos centros de reclusión masiva pero con características de cárceles de alta seguridad, con paredones altos, alambradas de espinas cercando los edificios y torres de vigilancia.  Una serie de documentos del PC chino que han sido filtrados y minuciosamente estudiado demuestran que estos centros son mucho más que instituciones de educación profesional para dar un oficio a adultos que no lo tengan como alegan las autoridades chinas.

Muchos de estos reportajes y testimonios fueron las razones esgrimidas por la Administración Trump como pruebas de que esta minoría padece todo tipo de violaciones de derechos humanos de manos del PC chino. En efecto, la primera ley en el mundo aprobada para los derechos humanos de los uigures fue introducida en el 2018 y aprobada en junio del 2020 en los Estados Unidos, y desde entonces no ha hecho sino crecer el interés por denunciar lo que el PC chino está haciendo a los uigures, que no es más que tratar de borrar su identidad y hasta reducir considerablemente el número de ellos en territorio chino.

En octubre del 2020 se introducía una resolución en Washington por ambos cámaras para definir las atrocidades a los uigures como genocidio y, en diciembre de ese mismo año, una comisión bipartidista celebraba que el entonces secretario de Estado en funciones solicitó una partida especial durante el año fiscal 2021 para investigar más sobre las persecuciones a uigures, kazakos, kirguíses y otros grupos musulmanes minoritarios. 

El secretario de Estado de Biden, Antony Blinken, antes de ser ratificado en su puesto, afirmó estar de acuerdo con que China estaba cometiendo genocidio contra los uigures. También tildó de campos de concentración a los centros a los que son enviados. Y además instó a hacer una revisión de los productos que se importan desde China para prevenir que estos sean producidos en dichos campos. En una entrevista concedida a principios de marzo dijo “No podemos consumir productos que se fabrican como resultado del trabajo forzoso, no deberíamos comprarlos, es más deberíamos conseguir que otros países hagan lo mismo”.

Biden recibe un congreso en el que hay consenso bipartidista sobre las crueldades que ha cometido el PC chino en contra de esta etnia. Desde el Senado se ha presionado y trabajado desde el 2018 con la introducción de diferentes leyes y proclamaciones que reflejan el sentimiento de rechazo a lo que está sucediendo a estas minorías. La comisión internacional del Senado ha sido firme en mantener su lucha por la preservación de los derechos humanos de estas minorías musulmanas chinas.

En febrero el comité de relaciones internacionales del Senado enviaba una carta a Jeffrey Bezos CEO de Amazon para alertarlos sobre Danua, el fabricante chino más grande del mundo de cámaras y software de reconcomiendo facial que ha sido utilizada en China para detectar la raza de las personas y que envía alertas a la policía cuando detectan miembros de la etnia uigur. La misiva fue enviada en el marco de una negociación de Amazon con Dahua por un valor de 10 millones de dólares y explica que, aunque no es ilegal que le compren productos, podría dañar su imagen por tener negocios con empresas que violan los derechos humanos. Dahua ha sido sanciona por el Departamento del Tesoro, pero de momento puede seguir operando y vendiendo en territorio estadounidense.

El 17 de marzo quince senadores de ambos partidos enviaban una carta al secretario de estado solicitando más apoyo a las minorías musulmanas en china. Pedían que el Departamento de Estado pueda concederles estatus especial de refugiado, que se coordinen acciones con socios y aliados como Australia, Canadá y países europeos para que estos consideren otorgarles estatus de refugiados también. Y solicitan que los países que albergan grupos de estas minorías como Turquía, Tailandia, Arabia Saudita y Kazajstán sean alentados a protegerles de ser extraditados por petición de Beijing.  

Se ha observado también cómo la Cámara de Representantes está apoyando la misma causa aprobando alguna de las leyes introducidas en el Senado. Y justamente el 8 de marzo 2 representantes republicanos y 1 demócrata introducían un nuevo proyecto de ley en el que solicitan “designar a los residentes de la región autónoma uigur de Xinjiang como refugiados prioritarios basado en la preocupación humanitaria de su situación”.

Este proyecto de ley se produce en un momento muy oportuno en el que los uigures corren un riesgo significativo de repatriación a China desde muchos países en los que se encuentran, debido a los tremendos esfuerzos del gobierno chino para forzar su regreso a través de canales diplomáticos.

De acuerdo con un asistente del Senado con el que pudimos conversar, se está presionando discretamente y a puertas cerradas para que se apruebe muy posiblemente esta semana la ley de “trabajo forzoso de los uigures” que es un proyecto de ley que se introdujo el pasado 12 de marzo del 2020 que, desde sus comienzos, ha contado con apoyo bipartidista. Y que busca prevenir la introducción al mercado estadounidenses de productos producidos en Xinjiang por esta etnia en condiciones forzosas. Aunque esta ley cuenta con rechazo de grandes firmas como Nike, Adidas, Marks & Spencer, Zara, puesto que China es el mayor productor de algodón del mundo.

A tan sólo dos meses de haberse instalado en el gobierno la Administración Biden no ha frenado el ritmo con el que venían gestionándose la política exterior hacia China, especialmente en cuanto a la denuncia de la violación de los derechos humanos de las minorías chinas. Todo indica que continuaran el mismo camino y la misma presión que ejerció la Administración Trump e incluso de aprobarse una ley para otorgarle estatus de refugiados especial a los uigures, se les estaría otorgando un privilegio no solo de protección domestica en Estados Unidos sino de una especie de custodios internacionales allí donde se encuentren.

¿China genocida? Nieves C. Pérez Rodríguez

Mientras continúan las tensiones entre Washington y Beijing por la guerra tarifaria, la pandemia y sus consecuencias, la Administración Trump sopesa si acusa a China de estar llevando a cabo un genocidio de los uigures en la provincia autónoma de Xinjiang.

El pasado 2 de julio, un grupo bicameral y bipartidista de más de 70 miembros envió una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, y al secretario del Tesoro, Steven Mcnuchin, en la que exponían su profunda preocupación basada en pruebas de esterilizaciones forzosas y otras medidas coercitivas utilizadas para reducir el tamaño de las familias uigures. “Todo indica que el gobierno chino está trabajando intencionadamente en destruir y esencialmente acabar con las familias de uigures, la cultura y la adhesión religiosa y fomentar violencia contra las mujeres.”

La misiva solicitaba a la Administración Trump que determine si estas atrocidades incluyen crímenes de lesa humanidad y genocidio. Mientras, también pide que se lleve el caso a Naciones Unidas.

De acuerdo con un asistente republicano del Congreso, al que 4Asia consultó su opinión al respecto: “hay un consenso bipartidista en el congreso de EE.UU. sobre las atrocidades que ha cometido el PC chino en contra de los uigures. El determinar si los crímenes constituyen actos de genocidio será vital para que el gobierno chino responda a sus actos y también para que otras democracias empiecen a alzar su voz”.

En el medio de esta compleja situación, nos pareció necesario conversar con Rushan Abbas, una reconocida activista de los derechos de los uigures en los EE.UU.

Abbas nació en 1967 en la capital de Xinjiang -Ürümqi- en donde vivió y se hizo profesional. Durante sus años universitarios participó en protestas en contra de las políticas de opresión china en la región autónoma de los uigures. A finales de los 80 se trasladó a Estados Unidos para continuar sus estudios, desde donde ha continuado su trabajo como activista y ha abogado por los derechos de esta minoría musulmana.

Abbas ha trabajado para Radio Free Asia informando en su lengua natal, ha sido invitada a hablar en diversos foros internacionales, y entre otras tantas cosas, ha dado testimonios en el Congreso de los Estados Unidos sobre la persecución de los uigures. Lo que le ha generado que el PC chino la acuse de ser parte del grupo separatista del Turquestán del Este.

Abbas fundó y actualmente preside la organización sin fines de lucro “Campaña para los uigures” cuya sede se encuentra en Washington D.C.

Le pedimos que nos contara cual era la situación en Xinjiang durante los años que vivía allí, en busca de entender si las cosas se han mantenido igual o por el contrario han empeorado considerablemente:

“Si bien enfrentamos opresión desde el comienzo del gobierno comunista chino y sus políticas de asimilación, en ese entonces todavía se nos permitía practicar nuestras tradiciones culturales en casa. Especialmente durante la década de los 80, cuando iba a la escuela secundaria y a la universidad, tuvimos cierta libertad en casa para disfrutar de nuestra rica cultura, para estudiar nuestra historia a través de la publicación de muchos libros históricos e incluso pudimos organizar protestas contra las regulaciones supresoras del PC chino. Pero hoy los uigures no cuentan con un espacio personal ni siquiera en sus propios hogares porque éstos están ocupados y supervisados por funcionarios del PC chino”.

“En mi familia, –prosigue- ni mi madre ni mis tías se cubrían el pelo. Nosotros nos educamos en colegios públicos. Mis hermanos fueron a colegios de lengua china durante la gran revolución cultural, mientras que mi hermana y yo fuimos a un colegio uigur”.

“Mientras yo crecía en Turkestán Oriental, los uigures éramos definitivamente la mayoría. Esto ha cambiado a lo largo de los años debido a que las autoridades chinas incentivaron a los chinos han a trasladarse a la región para continuar con su plan colonizador”.

“Activista desde 1985, he luchado por los derechos de los uigures y he denunciado lo que ha venido haciendo el PC chino a nuestra gente”.

“En septiembre del 2018 participé en un panel de un reconocido Think thank en el que expliqué la desaparición de la familia de mi esposo -Abdulhakim Idris-. Mis cuñadas están en los campos de concentración chinos, mi cuñado ha sido sentenciado a 21 años de prisión, mis 14 sobrinos de edades comprendidas entre 4 y 23 años están desaparecidos. Pasado 6 días de haber hecho esta denuncia mi hermana -Gulshan Abbas- fue secuestrada”.

“Mi hermana es médico retirada en Ürumqi. Ella no necesita ser reducada o ser provista de una profesión, pues ella es médico. Mi tía de 60 años también ha desaparecido, y todo en respuesta a mi activismo y mis denuncias”.

Abbas le ha dado la vuelta al mundo con un cartel que reza “¿Dónde está mi hermana? Ella es médico, no necesita entrenamiento vocacional”.

Tanto ella como su propio marido han vivido en carne propia la desaparición, encarcelamiento o tortura de familiares. Pero como ellos, los 8.000 uigures que viven en los Estados Unidos tienen a alguien desaparecido o han sido ellos mismos víctimas de alguna persecución. Y han sido ellos mismos quienes han denunciado insistentemente estas arbitrariedades. Y las constantes denuncias, que se han multiplicado en los últimos años, junto con las imágenes satelitales que prueban la existencia de los centros de reeducación, pero con características de cárceles de alta seguridad, con paredones altos, torres de vigilancia, alambrado de picos y los documentos del PC chino que se han filtrado, demuestran que en efecto estos campos o centros son mucho más que centros de educación profesional.

No cabe duda de que denunciar genocidio es una acusación extremadamente grave, y que para hacerlo hay que contar con pruebas fehacientes. Por lo tanto, la petición del congreso a la Administración Trump es clara y está respaldado por cientos de denuncias. Y todo apunta a que la presión continuará con lo que la relación entre Beijing y Washington seguirá deteriorándose.

Sin embargo, Estados Unidos tiene una obligación moral de denunciar acciones que estén pensadas para acabar con un grupo minoritario basado en su religión, prácticas y/o cultura.

Uigures: las pruebas sobre la mesa. Nieves C. Pérez Rodriguez

Una vez más Beijing da que hablar, y en esta ocasión gracias a los documentos confidenciales que se filtraron y que contenían correspondencia interna entre oficiales y los métodos de seguridad que deben seguir los “centros de reeducación”, de acuerdo al gobierno chino, para los uigures, la minoría musulmana que habita la región autónoma de Xinjiang, ubicada al oeste de China.

El número de denuncias con respecto a estos centros no ha hecho más que aumentar en los últimos dos años, por lo que la presión internacional se ha agudizado y Beijing se ha visto obligado a dar algunas explicaciones, como que son centros vocacionales para ayudar a los uigures a formarse. Los estudiantes -según las fuentes oficiales- viven por un periodo de tiempo allí de forma gratuita mientras reciben formación.

También han dicho que son centros para eliminar el radicalismo islámico y prevenir ataques terroristas. Esto encaja perfectamente en el discurso internacional posterior a los ataques de las Torres Gemelas. Aunque también alegan que los centros vienen a controlar los deseos independentistas de los uigures.

Pero los que han pasado por los centros afirman -en su mayoría desde el anonimato- que son mucho más que centros de educación profesional. Son más bien prisiones con manuales de seguridad estrictos al puro estilo de los manuales de cualquier centro penitenciario del mundo. Y así lo prueban estos documentos filtrados, en los que se especifican con mucho detalle cómo cada individuo debe permanecer en estricta vigilancia las 24 horas de días. Además, prevén puertas de seguridad doblemente trancadas, así como torres de vigilancias, paredes de gran altura, cerco metálico, sistema de cámara y videos 24 horas funcionando.

Por su parte, el Senado de los Estados Unidos ha estado haciendo una larga campaña para aprobar una ley que condene los abusos que se comenten en contra de estas minorías. En efecto, el pasado 11 de septiembre fue aprobada en el Senado la “Ley de Política de Derechos Humanos de los uigures de 2019”, que contó con apoyo bicameral. Y reza la ley: “el gobierno chino tiene una larga historia de reprimir aproximadamente 13,000,000 de musulmanes sunitas turcos y moderados, particularmente los uigures, en la región autónoma de Xinjiang. Estas acciones son contrarias a las normas internacionales de derechos humanos, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

En una conversación que sostuvo 4Asia con personal republicano del Senado, nos afirmaron que “los documentos filtrados prueban la importancia de la ley introducida por el senador republicano Marco Rubio y el senador demócrata Bob Menéndez que abre el mecanismo de imposición de sanciones contra funcionarios del gobierno chino y del partido comunista chino por ser “responsables de abusos a los derechos humanos en Xinjiang”.

Asimismo, se explicaron que el Congreso introdujo el pasado marzo una ley para los derechos humanos de los uigures, una acción paralela e independiente de la ley del Senado. Pero que debido a la relevancia mediática del tema en este momento es posible que la cámara retome la ley y acelere el proceso.

Si la legislación fuera aprobada en el Congreso iría directamente a la Casa Blanca a la espera de la firma del presidente, quién en un tweet la semana pasada afirmaba que si conseguían acuerdos en materia comercial y de tarifas consideraría con Beijing no firmaría la ley.  A día de hoy, después de las irrefutables pruebas de los documentos infiltrados, tendrá más difícil negarse a firmar una ley que busca proteger una minoría que esta siendo abusada por un estado opresor, obligándoles a asimilar otro idioma, y abandonar sus creencias y cultura.

Y tal y como apuntó David Stilwell, Subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico del Departamento de Estado, “usar el terror en gente para prevenir que éstos se hagan terroristas no tienen ningún sentido”.