El dilema moral de la NBA en China. Nieves C. Pérez Rodriguez

La NBA tiene operaciones en China valoradas en 5 mil millones de dólares.  El baloncesto es el deporte más popular en el país asiático, con 500 millones de aficionados en China, según Reuter. Parte de ese presupuesto es la venta de material deportivo, y otro grueso se destina al entrenamiento de jóvenes chinos en centros de entrenamiento de la NBA. Se calcula que unos 300 millones de ciudadanos chinos practican baloncesto, por lo que la afición y el seguimiento de las ligas internacionales son masivos.

La NBA cuenta con academias en muchos países en los que hacen un meticuloso trabajo de entrenamiento de atletas. De acuerdo con la información de la página web de la NBA tienen presencia en Australia; en África están en Camerún, Congo, Kenia, Marruecos, Mozambique, Nigeria, Costa de Marfil, Tanzania, Uganda, Senegal y Sudáfrica. Está presente también en India, México y China. 

La relación de la NBA con China ha sido constante en los últimos años. En el 2014 se anunciaba el lanzamiento de una academia de baloncesto para prácticas extracurriculares en la capital china para niñas y niños en edades comprendidas entre 12 a 17 años. Ese mismo año, el ministro de educación chino hacía pública una alianza con la NBA que incluía la incorporación curricular del baloncesto en la educación primeria, secundaria y bachiller. A finales del 2015 la NBA, en conjunto con la comisión deportiva de Beijing, lanzaban la primera liga junior de baloncesto en China.

En octubre del 2016 el comisionado de la NBA Adam Silver visitaba Beijing para hacer el lanzamiento de tres centros de entrenamiento de élite en China. Primer país que contaría con ellos, ubicados en tres provincias distintas: Centro de Jinan en la provincia de Shandong, Centro de Hanghou en la provincia de Zhejiang, y el centro de Urumqi en la provincia de Xinjiang.

A finales de julio ESPN publicaba un reportaje basado en múltiples entrevistas -anónimas- realizadas a exempleados de la NBA con conocimiento directo de las actividades de la liga de la NBA en China, especialmente en el desarrollo de los jugadores. Al menos dos entrenadores dejaron sus puestos allí por considerar que se estaban maltratando a los jóvenes atletas. Uno de los entrenadores pidió ser transferido después de ver como los entrenadores chinos atacaban a los jugadores, otro se fue antes del final del contrato porque le pareció inconcebible la falta de educación académica en la academia.

Según el reportaje, al poco tiempo de la apertura de estos centros de entrenamiento, varios entrenadores se quejaron con el vicepresidente internacional de operaciones de la organización -Greg Stolt- sobre los abusos físicos que ocurrían en las academias y la falta de estructura académica para los jóvenes participantes, a pesar de que el comisionado Silver había dicho que la educación sería el centro del programa.

La crónica afirma que la NBA se encontró con múltiples problemas para abrir el centro en Xinjiang, pues los entrenadores americanos eran acosados por la policía local en una ciudad en donde el control y vigilancia ciudadana son excesivos debido a la persecución que padecen los uigures y otras minorías musulmanas en la región. Menciona que un mismo entrenador fue detenido tres veces sin razón, o la dificultad que tuvieron él y otros entrenadores en alquilar viviendas por el hecho de ser extranjeros allí.

Hace poco más de una semana que la NBA reconoció que tuvo que cerrar la academia en Xinjiang pero cuando el encargado de las operaciones internacionales de la NBA, -Mark Tatum- fue interpelado acerca del posible factor de derechos humanos, éste declinó responder.

Esta investigación tuvo eco en el Senado de los Estados Unidos, y la senadora Marsha Blackburn en una carta al comisionado Silver le pedía explicaciones por las acusaciones que reveló el trabajo de ESPN. Inmediatamente el senador Marco Rubio se sumaba a la interpelación basada en la necesidad de que una organización estadounidense permita o encubra prácticas que van en contra de los derechos humanos fundamentales.

“La postura de la NBA en Xinjiang envía un fuerte mensaje al Partido Comunista chino: por un buen precio cualquier cosa puede debatirse, incluso el valor de la vida humana”, afirmaba la senadora Blackburn.

Una vez más la semana pasada terminaba en Washington con China de protagonista en los titulares. Por un lado, las revelaciones de las prácticas en dichos centros, y, por otro, la petición de explicaciones desde el Congreso, que es totalmente congruente con el sistema político estadounidense, en el que se espera que las organizaciones de este país mantengan los valores humanos y democráticos en cualquier lugar donde tengan sus operaciones. También el Departamento del Tesoro daba a conocer más sanciones, está vez a políticos hongkoneses, por haber socavado las libertades y la autonomía de Hong Kong.

El 14 de julio Trump firmaba una orden ejecutiva en la que declaraba “Emergencia Nacional” a razón de la aplicación de la ley de seguridad en territorio hongkonés de manos del PCCh. Los once sancionados son altas figuras políticas como Carrie Lam, la máxima autoridad de Hong Kong y quien propuso y fomentó la “ley de extradición” que generó las masivas protestas durante meses. También el comisionado de la policía, Chris Tang, el secretario de seguridad John Lee Ka-chiu y Teresa Cheng secretaria de justicia, todos con posiciones relevantes en la gestión política social o de seguridad de Hong Kong.

La tensión entre Beijing y Washington no hace más que crecer y encresparse. A muy pocas semanas de las presidenciales y en una situación doméstica complicada debido a la pandemia,  la Administración Trump ha puesto el foco en política internacional en China, e intentar darle señales de tolerancia cero ante las reiteradas irregularidades.

La Administración Trump contra China. Nieves C. Pérez Rodríguez

La Administración Trump ha sido siempre explícita en su posición hacia los abusos chinos, ya sean al sistema económico, a las normas internacionales e incluso en cuanto a las arbitrariedades domésticas del PC chino. El mismo presidente Trump en una primera etapa intentó su famoso juego de seducción al adversario con Xi Jinping, y éste intento corresponderle y bailar al mismo son, mientras que por detrás de bastidores la guerra comercial y tarifaria tomaba forma.  

Paralelamente, el congreso estadounidense pedía al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro, a través de cartas oficiales, sanciones a China por la violación de derechos humanos a minorías musulmanas en la región autónoma de Xinjiang. Así como se introducían proyectos de ley bipartidistas sobre los derechos de los uigures desde el 2018.

Pero los dos últimos meses han sido significativos en Washington en cuanto a la toma oficial de una posición de rechazo frente a las injusticias chinas. En junio, el presidente Trump firmaba la primera legislación sobre los uigures en el mundo, “la ley de política de derechos humanos de los uigures del 2020”. Sin duda un gran paso sin precedentes, para contrarrestar los repetidos abusos de manos del PC chino en la Región de Xinjiang.

Dicha ley se inspiró en los abusos que han sido reportados por parte de las minorías musulmanas ubicadas en el extremo oeste de la península china. En marzo del 2019 el secretario de Estado Mike Pompeo ya alertaba a través del informe de Derechos Humanos en el que decía literalmente: “Hoy, más de 1 millón de uigures, kazajos étnicos y otros musulmanes están internados en campos de reeducación diseñados para borrar sus identidades religiosas y étnicas”.

Se estima que hay unos 10 millones de uigures en territorio chino, específicamente en la región autónoma de Xinjiang, que es un territorio muy extenso de 1.6 millones de km2, y que cuenta con enormes riquezas naturales, entre ellos gas y petróleo. Además, esta región es paso obligado de la famosa Ruta de la Seda a la que Xi Jinping dedica gran atención.

Imágenes satelitales demuestran que los “centros de reeducación chino” no han hecho más que expandirse y crecer exponencialmente, y con ello el número de internos ha tenido que haber aumentado considerablemente también.  Un reportaje hecho por la BBC a finales de la semana pasada, mostraba los centros por dentro, puesto que el gobierno chino está dando acceso limitado a un grupo selecto de medios, para contrarrestar las noticias negativos sobre los mismos.

En el reportaje se mostraban salones de artes donde los reclusos podían pintar, o estudios de baile en el que se practican danzas, o salones de clases en los que se imparten música, informática, entre otras. Pero también se mostraban imágenes en los que se apreciaban las altísimas paredes que rodean los centros, cubiertas de alambre de espino, y torres de vigilancia en lugares estratégicos. La crónica mostró evidencias de imágenes satelitales en las que fueron demolidas algunas de las barreras de seguridad, así como muchas de las torres de vigilancia, justo antes que se autorizaran las visitas a los medios de comunicación.

Todas estas pruebas justifican las sanciones impuestas por la Administración Trump, a finales de la semana pasada, a cuatro altos funcionarios chinos. Como se explicaba al comienzo, el Congreso estadounidense ha venido presionando desde hace varios años a la Casa Blanca a tomar drásticas medidas como respuesta a las atrocidades que se comenten en Xinjiang, retenciones masivas, persecuciones religiosas, esterilizaciones forzosas, eliminación de las identidades culturales de varias minorías, entre otras.

Uno de los sancionados es el jefe regional del PC Chen Quanguo, quien es visto como el artífice de las políticas de Beijing contra las minorías musulmanas. Quien anteriormente estuvo a cargo de las acciones cometidas en el Tibet. Chen ostenta una posición en el politburó del PC chino, y es el funcionario de más alto rango sancionado por los Estados Unidos. Los otros funcionarios son Wan Mingshan -director de la oficina de seguridad de Xinjiang-, Hou Liujun -ex funcionario de seguridad-, y Zhu Hailun una destacada figura del partido en Xinjiang.

Trump ha tenido muchos deslices diplomáticos, ha cometido errores graves como el abandono del escenario internacional, no ha aprovechado su posición para liderar crisis como la pandemia pero, si algo la historia le reconocerá a su Administración será el haber sido frontal a los abusos chinos, denunciarlos públicamente, poner barreras a los mismos con leyes y sanciones que mandan un mensaje claro a Beijing y al mundo sobre lo que el Partido Comunista chino hace para mantenerse en el poder sin oposición, ni otras ideologías, culturas o religiones.

Qué hacemos con la inmigración (y 4). ¿Es el Islam alérgico a la democracia? Miguel Ors Villarejo

“Muchos estadounidenses”, escribe el filósofo Jim Denison, “asumen que el Islam es incompatible con la democracia porque lo asocian con el mundo árabe [donde todo son satrapías]. Pero los árabes suponen un 18% de la comunidad de creyentes”.

La nación musulmana más populosa, Indonesia, es una democracia, igual que Senegal. A lo mejor no son regímenes modélicos, pero en el Democracy Index que elabora The Economist Indonesia figura al nivel de México y Senegal, y queda por encima de Ecuador o Bolivia. ¿Son los latinoamericanos y la democracia incompatibles? Nadie se lo plantea. Atribuimos su mal gobierno a un diseño institucional inadecuado, a la corrupción, a la lejanía de Dios y la cercanía de Estados Unidos, pero no a un antagonismo esencial, como a veces damos a entender de los musulmanes.

La empresa demoscópica Gallup desarrolló entre 2001 y 2007 un gigantesco proyecto en el que mantuvo decenas de miles de entrevistas con ciudadanos de 35 países de mayoría islámica, y sus conclusiones no varían de las que alcanzan estudios similares en la Europa cristiana. Cuando a los musulmanes se les pregunta por sus aspiraciones, no mencionan la yihad, sino encontrar un trabajo mejor. Condenan los atentados contra los civiles, consideran que la tecnología y el estado de derecho son los mayores logros de Occidente y, en su mayoría, se muestran contrarios a que los imanes intervengan en la redacción de sus leyes fundamentales. “El problema no es el Islam”, dice Héctor Cebolla, “sino una interpretación ultraortodoxa que se ha propagado gracias al dinero saudí y que resulta tan extraña en Marruecos como en España”.

Detener su difusión no va a ser fácil. Algunas voces plantean cortar por lo sano y cerrar la frontera a cualquier musulmán, incluida la diáspora siria, pero no es esa la peor gotera. “Los terroristas que desde 1975 han obtenido la tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos [Green Card] han asesinado a 16 personas”, escribe el analista del Cato Alex Nowrasteh. La probabilidad de caer a manos de uno de ellos es de una entre 14.394. Como ironizaba The Washington Post, “es más fácil morir aplastado por un armario”.

El verdadero peligro lo tenemos en casa. Son los Abdelhamid Abaaoud y los Younes Abouyaaqoub que se fanatizan mientras crecen en Bélgica o Ripoll. “Conviene que los individuos se socialicen en los valores que sustentan la vida democrática”, dice Juan Carlos Rodríguez. “Esto siempre es complicado, pero lo es aún más si dejas que la inmigración acabe en barrios muy homogéneos culturalmente, donde esos valores no son tan predominantes”.

Por desgracia, es lo que hemos estado haciendo. Berta Álvarez-Miranda lo denunció hace años en la obra colectiva Políticas y gobernabilidad de la inmigración en España. Su contribución fue un capítulo sobre “la acomodación del culto islámico” en el que se preguntaba si la “convivencia de corte multicultural” que se había puesto en marcha no podía “implicar aislamiento entre comunidades”.

“La multiculturalidad ha caído en desgracia”, admite Cebolla. “Se trata de una filosofía originaria de Holanda, donde se han organizado históricamente por religiones. Eran los pilares de la sociedad, cada uno tenía su líder. El Estado no se relacionaba con los ciudadanos particulares, sino con la comunidad en su conjunto. Luego, este sistema se amplió a los inmigrantes, pero existe evidencia de que segrega más”.

El otro gran modelo de integración es el asimilacionista de Francia. Allí todos los niños pasan por esa formidable igualadora que es la escuela laica, lo que en principio debería haber facilitado su educación en el ideario republicano, pero los programas de vivienda social han acabado reagrupando a la población por credos. “Los Gobiernos van a tener que ser bastante más competentes de lo que lo han sido hasta ahora si pretenden que esto no suceda”, concluye Juan Carlos Rodríguez.

“Si pudiéramos levantar una muralla y que no entrara nadie, igual había que planteárselo”, reflexiona el profesor emérito de IESE Antonio Argandoña. “Pero no podemos ni queremos”. Desde el punto de vista económico, la inmigración es beneficiosa. “Aporta perspectivas distintas, nos lava la cabeza por dentro… Deberíamos saberlo, porque no es algo inédito. En los 60 miles de extremeños y andaluces fueron a Cataluña en busca de una vida mejor. Sabían que las condiciones de partida iban a ser duras, pero abrigaban la esperanza de una promoción posterior y, en la mayoría de los casos, esa expectativa se cumplió. Pasaron del campo a la construcción y de la construcción a la industria, se compraron un piso, mandaron a sus hijos a la universidad… Hoy están integrados en la sociedad catalana, y sus hijos aún más”.

“Los que vienen ahora”, le digo, “no son compatriotas de otras regiones, sino marroquíes y argelinos, a menudo con una religión diferente”.

“Lo sé, y justamente por eso nos corresponde hacer un esfuerzo mayor. Porque los necesitamos y porque van a seguir viniendo”. Su alternativa, como contaba Linguère Mously Mbaye al principio de esta serie, es Barcelona o muerte. (Foto: Greg Jordan, Flickr.com)

INTERREGNUM: Europa y Japón. Fernando Delage

“La cuestión fundamental de nuestro tiempo—dijo el presidente Trump en Varsovia el pasado 6 de julio—es si Occidente tiene la voluntad de sobrevivir”. Se desconoce si era una pregunta retórica por su parte, pero recordaba aquello que decía Toynbee de que las grandes civilizaciones mueren por suicidio más que por asesinato. Por primera vez desde la segunda posguerra mundial, las amenazas al orden liberal proceden tanto de los enemigos internos como de los externos. Y si alguien no está defendiendo los valores de la Ilustración que han definido Occidente es el propio Trump.

Afortunadamente, otros líderes no se han cruzado de brazos. Y nada simboliza mejor esa respuesta que el acuerdo de libre comercio concluido entre la Unión Europea y Japón en vísperas de la reunión del G20 en Hamburgo. Dos economías que suman 600 millones de personas y representan un tercio del PIB global y un 40 por cien del comercio mundial, se han unido frente al giro proteccionista de la administración norteamericana. Sus implicaciones, no obstante, van mucho más allá.

Como señalaron las autoridades europeas y japonesas, es un acuerdo asimismo sobre “los valores compartidos en los que se basan nuestras sociedades”, la democracia y el Estado de Derecho, y una demostración de la voluntad política de ambas partes de actuar contra la corriente de aislacionismo y desintegración que otros parecen defender. “No hay protección en el proteccionismo”, dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Tras el abandono del TPP y del TTIP, Tokio y Bruselas se han visto obligados a defender por su cuenta un orden internacional basado en reglas, que establezca altos estándares (laborales, medioambientales, transparencia…) que también obliguen a las economías emergentes. Para Japón, el acuerdo con la UE implica que esos estándares deberán formar parte de toda negociación que Washington quiera emprender con Tokio. También puede facilitar, como desea Japón, una renegociación del TPP sin Estados Unidos, y elevar la ambición de la Asociación Económica Regional Integral (RCEP) que negocian 16 economías asiáticas. Para Europa, un acuerdo que sucede al recientemente concluido con Canadá (CETA), expresa su compromiso con la liberalización comercial tras el Brexit y las incertidumbres acerca de la actitud de la administración Trump sobre el proyecto europeo.

En último término, el acuerdo representa de hecho un significativo desafío a Estados Unidos. Los productos europeos accederán al mercado japonés en unas condiciones que no tendrán los norteamericanos y, de manera más que simbólica, se pone en evidencia el creciente aislamiento internacional del presidente Trump. El pacto entre Japón y la Unión Europea consolida la idea de que los acuerdos comerciales no pueden ser simples arreglos bilaterales sobre determinados productos o tarifas. Los derechos de los trabajadores, la reciprocidad en los contratos públicos o la defensa de la propiedad intelectual son, entre otros, asuntos que ya no pueden quedar al margen de los mismos. Con el precedente creado por Bruselas y Tokio, será inviable para la administración Trump mantener su preferencia por un enfoque bilateral.

INTERREGNUM: Sureste asiático: ¿transición o retroceso? Fernando Delage

El sureste asiático, cuyas diez economías—desde 2015 integradas en la Comunidad de la ASEAN—se encuentran entre las de más alto crecimiento del mundo, representa un espacio decisivo en las redes de producción de la economía global, además de contar con algunas de la vías marítimas de comunicación más relevantes del planeta. El salto dado desde la descolonización en la década de los cincuenta es innegable. También lo es, sin embargo, la insuficiente modernización política de sus sociedades. ¿Por qué algunos de los países más ricos, como Malasia, están rodeados de corrupción? ¿Por qué Tailandia, Filipinas o Birmania no resuelven sus insurgencias locales? ¿Por qué ha habido una marcha atrás de la democracia en la zona?

Michael Vatikiotis, un veterano observador de la región, intenta responder a éstas y otras preguntas en su nuevo libro “Blood and Silk: Power and Conflict in Modern Southeast Asia” (Weidenfeld and Nicolson, 2017). Tres grandes factores explican, según Vatikiotis, los problemas de este conjunto de países. El primero de ellos es la desigualdad: pese a varias décadas de crecimiento sostenido, son las elites locales las que han acumulado riqueza y poder, sin preocuparse por el bienestar general de unas sociedades que, como consecuencia, no perciben los beneficios de la democratización.

Una segunda variable es la irrupción de los discursos identitarios. Sobre bases bien religiosas, bien étnicas, la tolerancia que facilitó la estabilidad del sureste asiático durante décadas está dando paso a nuevas políticas de exclusión. La degradación del pluralismo ha abierto el espacio a los extremismos y facilita la irrupción de conflictos internos, en un proceso ya alimentado por el deterioro de las condiciones socioeconómicas y los abusos de las autoridades. En vez de afrontar este desafío de manera directa y recuperar la tradición local de inclusión, los gobiernos se han dejado llevar por la inercia conservadora que, según creen, les asegura su permanencia en el poder. Líderes elegidos por los votantes pero de perfil autoritario, prefieren manipular etnia y religión —o argumentos de seguridad, como Duterte en Flipinas— con fines políticos en vez de defender los derechos y libertades constitucionales.

Un tercer factor está relacionado con la influencia de las potencias externas. Con un cuarenta por cien de población musulmana (aunque Indonesia representa por sí sola el grueso del total), el sureste asiático no escapa a la competencia entre Arabia Saudí e Irán por el control del islam, como refleja la financiación de escuelas y grupos religiosos, origen de un entorno favorable a la expansión del radicalismo. La creciente proyección económica y diplomática de China en la región está convirtiendo al sureste asiático, por otra parte, en terreno de rivalidad entre las grandes potencias, creando nuevas tensiones geopolíticas.

El futuro inmediato de la región aparece rodeado pues de incertidumbres. La falta de respuesta de los gobiernos a las quejas ciudadanas agrava el escepticismo de las clases medias sobre la democracia, vista como un medio más que como un fin en sí mismo. Pero la persecución de la oposición y el recorte de libertades empujará a grupos sociales a organizarse frente a las autoridades, o a redefinirse sobre bases distintas de la ciudadanía nacional, con la consiguiente amenaza de inestabilidad. El riesgo de sectarismo étnico y religioso en Indonesia y en Birmania, la desintegración del pacto social en Malasia entre malayos, chinos e indios, la permanencia de un gobierno militar en Tailandia, o la debilidad institucional de la democracia filipina reflejan una inacabada transición política interna, contradictoria con la relevancia económica que ha adquirido el sureste asiático en el mundo del siglo XXI.

El rol de la mujer en Asia. Nieves C. Pérez Rodríguez

Washington.- Diversos expertos coincides en que septiembre de 1995 marcó un momento histórico en la reivindicación de derechos de la mujer en Asia. La firma de la “declaración de Beijing” selló las pautas de los estándares a seguir en igualdad de género, acceso igualitario a la educación, militancia política y lucha contra la violencia de género, entre los aspectos más destacados. De acuerdo con Naciones Unidas fue el plan más progresista que jamás había existido para promover los derechos de la mujer. A pesar de que han pasado más de dos décadas, esta declaración sigue siendo una fuente de poderosa inspiración y guía para la sociedad civil, los gobiernos y los activistas en la lucha por avanzar en este camino.

Asia ha crecido de manera significativa en las últimas décadas; ha sacado de la pobreza extrema a millones de personas, sin embargo, más de 800 millones de asiáticos siguen viviendo con menos de 1,25 dólares diarios y 1.700 millones sobreviven con menos de 2 dólares diarios (de acuerdo con la organización para la cooperación y el desarrollo). En el caso de las mujeres, en el sur de Asia la participación en la fuerza de trabajo es tan solo del 40% comparado con la masculina. En Asia Central y del Este las niñas de primaria y secundaria se matriculan un 20% menos que los niños.

En el caso de India, desde 2005 se está observando un fenómeno curioso: cada vez más mujeres tienen acceso a educación; sin embargo, menos mujeres trabajan. A pesar de la expansión de centros urbanos, menos mujeres se insertan en actividades laborales en estas ciudades, hecho llamativo, porque suele ser radicalmente opuesto a lo que ocurre en otras sociedades. Tan solo el 27% de las indias trabajan y, contrariamente a lo que ha sucedido en la mayoría de las sociedades, en India cada día aumenta el paro femenino. Entre 2000 y 2012, más de 70 millones de indias dejaron de trabajar según la Sociedad Asiática (Asian Society Organization). En Pakistán, donde solo un 25% trabajan, en los años recientes se ha observado cómo ha habido un aumento progresivo.

En Bangladesh, el 58% de sus mujeres participan en alguna actividad laboral, mientras que en Nepal el 80% trabajan, siendo el porcentaje más alto en el sur de Asia, de acuerdo con un estudio publicado por la Universidad de Harvard en el 2016. Sin embargo, la mayoría de las mujeres sufren malnutrición y no reciben remuneración por su trabajo; es una sociedad dominada por castas donde la mujer ha estado históricamente en desventaja.

En Asia, el protagonismo político sigue siendo ejercido en su mayoría por hombres. En Filipinas únicamente ha aumentado un 10% la participación femenina en el gobierno nacional. Al igual que pasó en Indonesia o Corea del Sur, el hecho de que muchas mujeres lleguen a altos cargos políticos se debe a que son hijas o esposas de algún personaje destacado de la esfera política del país y curiosamente no han utilizado sus posiciones para defender los derechos femeninos. A pesar de que los países del sureste asiático han firmado la declaración de la eliminación de cualquier forma de discriminación femenina, con la excepción de Laos y Vietnam, es difícil incorporar la igualdad de género cuando un hijo es siempre más deseado que una hija; o en el caso de los países budistas que siguen creyendo que reencarnar como mujer tiene menos méritos y es consecuencia del comportamiento en vidas pasadas.

Japón por su parte cuenta con una participación política femenina de tan solo el 10%, mientras que solo 49% de sus mujeres trabajan; y a pesar de ser un país industrializado, la diferencia salarial es del 26,6% entre géneros. Parecida es la situación en Corea del Sur donde, a pesar de que el 99% de las mujeres reciben formación, tan solo la mitad de ellas trabajan.

Otra muestra de lo importancia que tiene la igualdad de género en el desarrollo económico de la región puede constatarse en las prioridades que tiene el Banco de Desarrollo de Asia, que tan solo en el 2016 destinó 45% de su presupuesto a esta materia. Cuenta con un plan operacional de incentivos para la promoción de la mujer, que comenzó en el año 2013 y que prevé continuar hasta el 2020, en donde estiman que llegarán a conseguir el objetivo, a través de un seguimiento de la inserción de la mujer en actividades económicas (emprendedoras, oportunidades, créditos, etc.), educación de niñas y adolescentes (desarrollo de sus vocaciones, capacitación, etc.), y el seguimiento en las leyes y políticas en pro de reducir las diferencias entre géneros, además de incentivar el acceso a posiciones en toma de decisiones tanto en el sector privado como público.

Mucho camino se ha andado y a pesar de que se ha progresado con la puesta en marcha de leyes y políticas para beneficiar a las mujeres y niñas asiáticas, aún queda un largo camino por recorrer. Y en muchos casos las religiones, los usos y costumbres culturales suponen el más aguerrido de los bloqueos en esta lucha.

INTERREGNUM: La crisis asiática, veinte años después. Fernando Delage

Se cumplen veinte años esta semana del estallido, en Tailandia, de la crisis financiera que muchos en Occidente interpretaron en su día como el fin del excepcionalismo económico asiático. El hundimiento del baht tailandés, y el rápido contagio a otros países del sureste asiático y, unos meses más tarde, a Corea del Sur, era consecuencia—se pensaba—de la insostenibilidad a largo plazo de una fórmula de crecimiento no apoyada en los principios de la economía de mercado.

Pero esta primera gran crisis de la globalización fue en realidad una crisis del sector financiero privado: dada la solidez de sus fundamentos macroeconómicos, en apenas dos años los países afectados por aquel estallido recuperaron su alto ritmo de crecimiento, confirmando el desplazamiento del centro de gravedad económico del planeta hacia Asia. Los occidentales se verían atrapados, década y media después, en su propia crisis—también con origen en el mundo financiero—mientras la globalización avanzaba con una cara cada vez más asiática tras la integración en la economía mundial de China primero, e India después.

La rápida superación de la crisis financiera aparcó, sin embargo, la resolución de problemas estructurales que hoy definen la agenda económica y política nacional. A pesar de décadas de crecimiento sostenido, la mayor parte de los países asiáticos se encuentran ante la “trampa de los ingresos medios”, es decir, incapaces de dar el salto hacia una alta renta per cápita a medida que desaparecen las ventajas competitivas de una población activa de bajos salarios en un contexto de nuevas presiones demográficas. Es un problema compartido por las economías del sureste asiático, pero también la más urgente prioridad del gobierno chino.

Aunque pueden identificarse distintas variables económicas que explican esas dificultades, en último término se trata de una cuestión política. La crisis de 1997-98 acabó con la idea de que los gobiernos autoritarios asiáticos habían encontrado un modelo eficiente, y alternativa tanto del capitalismo occidental como del socialismo de corte soviético. Indonesia comenzó su transición hacia la democracia, y Tailandia se dotó de una nueva constitución que—se esperaba—, dejara atrás su inestable historia política. Dos décadas más tarde, ya no se trata de industrializar sociedades agrícolas; el desafío consiste en aumentar la productividad y encontrar un nuevo motor de crecimiento en la innovación y la alta tecnología. Pero ello no será posible sin la necesaria modernización política e institucional: una economía madura y avanzada está reñida con la arbitrariedad, la falta de libertades o la ausencia de un poder judicial independiente.

No puede decirse que las perspectivas sean muy halagüeñas. Mientras se cumplen dos años del último golpe de Estado en Tailandia sin que se haya anunciado una fecha de convocatoria de las elecciones prometidas por los militares, los islamistas sentencian por blasfemia al exgobernador cristiano de Jakarta, Ahok. Mientras en Malasia se persigue a la oposición y se reclama—sin éxito—la dimisión del primer ministro, Najib Razak, envuelto en un caso de corrupción sin precedentes, el presidente filipino, Rodrigo Duterte, declara la ley marcial en Mindanao y continúa con su campaña extrajudicial contra los consumidores y traficantes de drogas. Es un fenómeno regional, esta regresión de la democracia que coincide tristemente con la conmemoración, en agosto, del 50 aniversario de creación de la ASEAN. Aunque la agenda internacional ya está repleta de asuntos que atender, luchar contra el resurgir del autoritarismo en el sureste asiático no debería ser una prioridad menor.