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Washington blinda sus sistemas de comunicación   Nieves C. Pérez Rodríguez

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El pasado 11 de noviembre en Washington se daba un paso más para bloquear los huecos legales que han permitido los abusos de empresas de tecnología extranjera como Huawei. Biden firmaba “la ley de Equipos seguros 2021 (the Security equipment Act)” que había sido aprobada por unanimidad en el Senado a finales de octubre y con 420 votos a favor y sólo 4 en contra en la Cámara de Representantes. Con la aprobación de esta ley Estados Unidos se garantiza que los equipos no confiables, que se emplean en las comunicaciones, no puedan estar autorizados para su uso dentro de las fronteras estadounidenses.

La ley en cuestión va a prevenir que en el futuro se puedan producir ventas o integración de empresas como Huawei, ZTE, Hytera Communication Corp, Hikvision Digital Technology y Dahua Technology Co, respaldadas por el Estado chino, en los Estados Unidos, independientemente de si hay fondos federales involucrados.

El año pasado Trump estableció un fondo de mil millones de dólares para la Comisión Federal de Comunicaciones (CFC), para que ésta pudiera ayudar a empresas de telecomunicaciones más pequeñas a retirar y reemplazar equipos existentes que fueron considerados como una amenaza. En el 2020, la CFC ya había adoptado medidas para exigir que los operadores de telecomunicaciones estadounidenses reemplazaran o cambiaran equipos de Huawei y ZTE así como de otras compañías que representan un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Si bien esa medida fue importante en ese momento, esa normativa sólo podía aplicarse a los equipos comprados con fondos federales, pero si esos mismos equipos eran adquiridos con fondos privados o incluso públicos pero “no federales” podían seguir adquiriéndose. Por lo que esta nueva ley cierra ese vacío legal.

La presidenta de la CFC Jessica Resenworcel afirmaba en una declaración dada al grupo mediático Gizmodo que “la legislación envía una fuerte señal de bipartidismo de que Estados Unidos se toma en serio la creación de un mercado sólido y seguro para las alternativas del 5G”.

Ed Markey, senador demócrata por Massachussets, afirmaba al respecto de ésta legislación, que “en un mundo cada día más interconectado nosotros debemos impulsar a nuestra tecnología con nuestros valores, especialmente la red del 5G que es crítica para el futuro y la prosperidad económica”.

Huawei admitía recientemente que había sufrido una importante caída en las ventas debido a las medidas que ha venido imponiendo Estados Unidos. En efecto, en julio del año en curso el Departamento de Comercio añadió catorce compañías más a su lista negra de entidades que representan riesgos para la seguridad nacional, y en esa lista entró ZTE y Huawei. La firma de esta ley tuvo lugar solo tres días antes de la reunión virtual acordada entre Biden y Xi Jinping lo que demuestra la firme postura de la Administración Biden con respecto a China. A pesar de la tremenda polarización política que se está viviéndose en los Estados Unidos, existe una postura unánime en cuanto a China y en poner fin a las maliciosas prácticas económicas de las compañías chinas que empiezan a padecer las consecuencias de sus acciones.

 

INTERREGNUM: China y Australia a la greña: Fernando Delage

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Hasta tiempos recientes, Australia era un ejemplo de cómo una democracia liberal podía mantener una relación fructífera y estable con China pese a la diferencia de valores políticos. La República Popular compra cerca del 40 por cien de las exportaciones de Australia, también uno de los destinos más populares para los inversores, estudiantes y turistas chinos. La ausencia de conflictos históricos y de intereses incompatibles facilitaron el desarrollo de la relación bilateral, elevada durante la visita del presidente Xi Jinping en noviembre de 2014 al estatus de “asociación estratégica integral”.

Durante los últimos meses, por el contrario, Canberra ha pagado el precio de enfrentarse a Pekín. Este úlltimo endureció su actitud después de que, en abril, el gobierno australiano fuera el primero en solicitar una investigación internacional sobre el origen del COVID-19 y la gestión inicial del contagio. Desde entonces China ha impuesto restricciones a las exportaciones de más de una docena de productos australianos, por valor de miles de millones de dólares. La última crisis diplomática se desató la semana pasada, cuando el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores chinos exigió en un tweet la condena del asesinato de civiles afganos por soldados australianos durante la guerra en el país centroasiático, sobre la base de un falso video. 

Algunos observadores creen que Pekín ha decidido presionar a Canberra a modo de advertencia, una vez que el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que Washington coordinará con sus aliados la política a seguir hacia la República Popular. Para otros, se trata de una manera de desviar la atención de otras acciones chinas, como la violación de derechos humanos en Xinjiang o la suspensión de la autonomía de Hong Kong. En cualquier caso, no faltan razones más concretas: Australia fue el primer país en prohibir la participación de Huawei y ZTE en sus redes de telecomunicaciones de quinta generación; ha aprobado leyes que persiguen la injerencia en su vida política (en respuesta a diversos episodios de intromisión de China); y no ha cesado en sus críticas a la política china con respecto a Taiwán o al mar de China Meridional. Flaco favor ha hecho a Canberra que esas medidas y críticas fueran valoradas por el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, como ejemplo de lo que debe hacerse frente a Pekín.

Han sido hechos con consecuencias. El mes pasado, en un inusual mensaje diplomático, un miembro de la embajada china en Australia detalló una lista de 14 quejas, sobre aquellos asuntos—incluidos los mencionados anteriormente—que han “envenenado” las relaciones entre ambas naciones. Pekín espera que Australia adopte “acciones concretas” si quiere reparar el daño causado y volver a una situación de normalidad, aunque el primer ministro Scott Morrison ya ha advertido que no cederá en los valores e intereses nacionales del país.

La escalada de tensión es interpretada como un mensaje por parte de China a quienes quieran seguir el camino de Australia. Pero quizá el problema no estriba tanto en las acciones de su gobierno sino en haber optado por una innecesaria provocación pública de Pekín. Lo que se hace pensando en que resulte políticamente “rentable” de cara a la opinión pública nacional, puede ser fuente de conflictos en el terreno diplomático; una lección que conocen bien la mayor parte de las naciones asiáticas cuyas economías dependen de su interdependencia con la República Popular.

China en la crisis venezolana (II). Nieves C. Pérez Rodríguez

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Washington.- La dimensión de la implicación de China en la crisis venezolana parece ser más profunda de lo que inicialmente se intuía. En esta misma columna hemos dado cifras de los créditos que Beijing ha otorgado a Caracas. Sean Miner, en una entrevista que le concedió a 4Asia el año pasado, explicaba que los prestamistas estatales chinos dieron créditos al gobierno de Maduro por más de 60 mil millones de dólares, principalmente en acuerdos de préstamo por petróleo. Y expertos estiman en que Venezuela aún le debe a China al menos 25 mil millones.

La concesión de estos créditos fue una estrategia de Beijing para garantizarse suministro de petróleo, a pesar de las fluctuaciones de precio en el mercado internacional. Y gracias a ese flujo de dinero Maduro ha conseguido alargar su estancia en el poder, a pesar de la crisis en la que ya se encontraba la economía venezolana.

Pero más allá de los créditos está la lista de empresas chinas que consiguieron entrar en los negocios del régimen venezolano. La ZTE, una de las grandes corporaciones en telecomunicaciones chinas que ayudó a Maduro a construir la base de datos que permite el monitoreo y seguimiento de los ciudadanos desde el 2016 a través de la “carnet de la patria”, tal y como aparece en una carta del Senado estadounidense dirigida a los Departamentos de Estado, de Comercio y del Tesoro, a finales de noviembre pasado, en la que se les pide investiguen a ZTE por haber violado la normativa de exportaciones.

En la misiva dice literalmente “previo a las elecciones venezolanas de mayo pasado, el dictador Maduro usaba la tarjeta de la patria para movilizar gente en su apoyo. Prometió premios a quienes escanearan las tarjetas en los centros electorales. Sin embargo, esos premios nunca se materializaron, aunque sí se recibieron mensajes de texto agradeciendo su apoyo a Maduro”.

La trama de esta empresa de telecomunicaciones es larga, pues ya ha sido investigada y sancionada previamente debido a sus prácticas comerciales oscuras, y entre ellas cuentan la violación a los embargos con Irán, Corea del Norte, Sudán, Siria y Cuba. Precisamente el verano del 2018 se declararon culpables de rompimiento de acuerdos previos y haber enviado equipos y/o material tecnológico que contiene piezas elaborados en los Estados Unidos.

Las prácticas de ZTE han sido tan irregulares que en junio pasado el mismo Xi Jinping tuvo que visitar la Casa Blanca en busca de mediación. Pues las sanciones consistían en siete años de embargo que prohibían a la compañía cualquier negocio con empresas estadounidenses. De haber procedido las sanciones que estaban previstas, hubiera sido el fin de ZTE, de acuerdo a expertos financieros, muy a pesar de que es la mayor corporación en telecomunicaciones china.

En esa ocasión Trump salvó a ZTE por la intervención de Xi, lo que no fue bien visto por todos los sectores de la Administración. Sin embargo, fuentes cercanas a Trump insistieron que lo hizo como una demostración de buena voluntad en pleno anuncio de la guerra comercial.

Ahora el Senado estadounidense ha vuelto a solicitar que se reabra esta investigación y se investigue si ZTE ha vuelto a infringir sanciones estadounidenses a través de la venta de materiales y equipos, o ha asistido técnicamente o financieramente a individuos como el presidente de CANTV (empresa de telecomunicaciones de Venezuela) Manuel Ángel Fernández Meléndez. Así como solicita que se investigue si esta corporación china ha participado en actividades que socavan la democracia en Venezuela y serios abusos de derechos humanos.

Con la fuerte presión que la comunidad internacional está ejerciendo para que se retome la democracia y se restauren las garantías de los derechos humanos en Venezuela, y con ello se frene la mayor migración nunca vista en esta región del mundo, a punto de superar la Siria, aumenta también el interés en perseguir irregularidades como las de ZTE, y dejar al descubierto como la mano china omitiendo regulaciones ha favorecido la vigilancia y control de la población venezolana en pro de la perpetuación del régimen de Maduro. (Foto: Karlis Dambrans)

THE ASIAN DOOR: Huawei en el meridiano 0. Águeda Parra

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Siglos después de que el Imperio de China haya perdido esa posición de supremacía de la que gozaba cuando sus vecinos se organizaban como Estados vasallos entregando tributos al país del centro, 中国, de ahí su nombre en chino, China aspira de nuevo a recuperar un lugar que considera suyo por derecho propio. Una posición ocupada desde hace décadas por otras potencias occidentales que encuentran en el gigante asiático un rival complejo, diferente, y fuera de su órbita de influencia. Sin embargo, en un mundo globalizado, la geoestrategia y la geopolítica se ponen al servicio de las grandes potencias para establecer juegos de equilibrio de poder, situando en esta ocasión a Huawei en el meridiano 0, donde el grupo de élite de grandes potencias deben posicionarse a favor o en contra del veto ejercido por Estados Unidos a la tecnológica china.

China no solamente es el país del centro, sino que se ha convertido en el centro de las reticencias del resto de grandes potencias que miran con recelo el gran milagro de la recuperación económica que ha logrado el país en cuatro décadas, un hecho sin precedentes en la historia mundial. Las luchas cuerpo a cuerpo ya son historias del pasado, y las guerras se libran ahora en los mercados bursátiles como golpes en la línea de flotación del sustento económico de los países. De ahí que, en un intento por reproducir los antiguos Estados vasallos de China, la administración Trump haya iniciado una guerra comercial con el gigante asiático imponiendo una primera fase de aranceles que tuvieron una respuesta inmediata por parte de China. Una medida que por sí sola ha resultado poco operativa para reducir el déficit comercial existente entre ambos países, lo que ha motivado que la ofensiva pasara primero de la presión sobre ZTE, que supuso casi la quiebra de la compañía china muy dependiente del abastecimiento de componentes americanos para la fabricación de sus dispositivos, a centrarse en el imperio de Huawei. La sospecha se centra en que el Partido Comunista Chino tenga acceso a la inmensa cantidad de datos que pasan por el equipamiento de Huawei en las redes 5G y que gracias a la potencialidad de la inteligencia artificial genere un estado policial que afecte a la seguridad nacional de las grandes potencias.

Considerada uno de los grandes titanes tecnológicos chinos al frente de la iniciativa Made in China 2025, Huawei ha pasado en una década de ser un pequeño fabricante de precios bajos a tener una cuota mayor que Ericsson, Nokia, ZTE y Samsung en el mercado de infraestructuras de redes móviles, mientras que como fabricante de móviles, ha conseguido situarse como segundo mayor fabricante de móviles del mundo al superar en ventas a la americana Apple. La amenaza tecnológica se intensifica.

Cuestionada la hegemonía tecnológica de Estados Unidos, y después de décadas de promover la globalización, el siguiente paso de la administración Trump ha sido promover un enfoque nacionalista y conseguir que bajo la sospecha de incidentes relacionados con la ciberseguridad se vete la participación de Huawei en el despliegue de la red 5G entre los países aliados que forman el grupo denominado “Five Eyes” del que, además de Estados Unidos, forman parte Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Canadá. Las reacciones no se han hecho esperar por parte de los consumidores chinos que han iniciado un boicot a los productos canadienses como contraofensiva a la detención en Vancouver de la hija del magnate de Huawei, Meng Wanzhou, acusada de violar las sanciones de Estados Unidos contra Irán. Una guerra que se cierne sobre Huawei cuando, según parece, muchas otras empresas extranjeras, incluso estadounidenses, han violado anteriormente estas sanciones, pagando cuantiosas multas sin que por ello hayan sido arrestados en un aeropuerto y puestos bajo custodia policial.

Difícilmente las guerras se ganan en una única batalla. Por una parte, Washington ha ampliado su advertencia a aquellos estados occidentales que cuentan con bases militares americanas, de los que Japón ya ha anunciado el veto a Huawei, mientras Alemania mantiene su confianza con restricciones a ciertas inversiones en 5G. Otras potencias como India, siguiendo el juego de equilibrios de poder que está marcando el desarrollo de la nueva Ruta de la Seda por el Indo-Pacífico, también se ha sumado a las consideraciones de Estados Unidos de excluir a Huawei en el despliegue de la red 5G, mientras Papúa Nueva Guinea y Portugal forman parte del grupo de contrapeso que favorece las inversiones.

Sin embargo, China sigue siendo el principal mercado de Huawei, obteniendo un cuarto de sus ingresos de Europa, Oriente Medio y África, según la compañía, donde la marca china está ganando cuota de mercado y reputación positiva, además de situarse entre las marcas de móviles más vendidas, lo que hace esperar que esta ofensiva no tenga demasiado efecto sobre los resultados operativos de la compañía. A esto hay que añadir la problemática de cambiar de proveedor para el despliegue del 5G cuando el fabricante de las redes 2G, 3G y 4G es Huawei que hace buena la recomendación del presidente de la compañía china, Ren Zhengfei, a sus empleados: “Algunas veces, es mejor encontrar un sitio seguro y esperar a que pase la tormenta”. Y, mientras tanto, Huawei ha anunciado la inversión de 2.000 millones de dólares en proyectos de I+D para reforzar la ciberseguridad, acallando así las sospechas que le han situado en el punto de mira. (Foto: Edmond Lai, flickr.com)