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INTERREGNUM: Japón y Australia, amigos y socios. Fernando Delage

Nada más comenzar 2022, con una pandemia aún descontrolada, los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina, y los dirigentes chinos dedicados a la preparación del XX Congreso del Partido Comunista de otoño, Pekín se ha encontrado con un par de sorpresas en el entorno exterior. En Eurasia, las protestas en Kazajstán y la intervención rusa han puesto de relieve el tipo de sobresaltos inesperados que pueden complicar sus intereses, cada vez más globales. En el Indo-Pacífico, el anuncio de un ambicioso acuerdo de cooperación en defensa por parte de Japón y Australia supone un nuevo peldaño en la construcción de una alianza de contraequilibrio de China.

El pacto (“Reciprocal Access Agreement”, o RAA), firmado por los primeros ministros de ambos países el 6 de enero tras siete años de negociaciones, permitirá el acceso recíproco a sus instalaciones militares, lo que facilitará a su vez la realización de maniobras conjuntas, así como la interoperabilidad y despliegue de los dos ejércitos con respecto a cualquier contingencia. El RAA se suma así al AUKUS (en el que participa Australia con Estados Unidos y Reino Unido), al QUAD (del que Tokio y Canberra son miembros junto a Washington y Delhi), y al Diálogo Trilateral de Seguridad (Estados Unidos, Australia y Japón), como un instrumento añadido de respuesta frente a las mayores capacidades y ambiciones chinas.

El reforzamiento por Japón y Australia de su relación de “cuasi-aliados” representa un paso muy significativo para ambos. La creciente presión de Pekín sobre Canberra ha llevado al gobierno australiano a maximizar sus opciones, desde una percepción del desafío que representa China no muy distinta de la de Estados Unidos. Japón mantiene un discurso más matizado pero no por ello menos firme, y continúa avanzando en el desarrollo de un mayor papel estratégico pese a sus limitaciones constitucionales. Con el RAA, Australia se convierte en el segundo país con el que Tokio mantiene un acuerdo de este tipo (además del que concluyó con Estados Unidos hace sesenta años).

Este extraordinario grado de confianza entre las dos naciones no responde tan sólo, naturalmente, a sus respectivas necesidades individuales. El acuerdo ilustra su compromiso conjunto a favor de la estabilidad regional, con respecto a la cual siempre podrán contar con una mayor influencia trabajando juntos que de manera separada. Coordinando sus esfuerzos diplomáticos en el sureste asiático, por ejemplo, pueden complicar los intentos chinos de crear una relación de dependencia de Pekín en los Estados de la subregión.

No menos importante es la variable norteamericana, y lo es en un doble sentido. Por una parte, puesto que Tokio y Canberra comparten un mismo interés por mantener a Estados Unidos comprometido con la seguridad asiática, el nuevo acuerdo promueve ese objetivo al repartirse con Washington las responsabilidades militares. Responden así a una de las prioridades de la administración Biden, que ha hecho siempre hincapié en la necesidad de reforzar sus alianzas. Pero, por otro lado, una asociación estratégica más estrecha les otorga también una mayor protección frente al riesgo de unos Estados Unidos más aislacionistas tras las próximas elecciones presidenciales.

Con todo, la relación entre Australia y Japón va más allá de las cuestiones de seguridad, y los líderes de ambos países han acordado asimismo nuevas medidas de cooperación en materia de energía, fiscalidad y economía. La aspiración es la crear un orden regional y un entramado de reglas en el que involucrar tanto a Washington como a Pekín, y hacer que una integración económica cada vez más profunda limite la amenaza de una región dividida en dos grandes bloques. Cuando Estados Unidos ya no puede seguir liderando Asia, hay que buscar alternativas si tampoco se quiere una China hegemónica.

INTERREGNUM: El reto de la integración asiática. Fernando Delage

Se han cumplido este mes 20 años de la adhesión formal de China a la OMC, un hecho que contribuyó a transformar el país en el gigante que es hoy, facilitando un crecimiento que hará que su economía supere a la norteamericana antes de que termine esta década. En 2001, la República Popular era la octava economía del planeta, con un PIB de 1,16 billones de dólares (similar al de España en la actualidad) y su superávit comercial con Estados Unidos era de 83.000 millones de dólares. En 2020, el PIB chino alcanzó los 15,4 billones de dólares, y el déficit bilateral norteamericano superó los 255.400 millones de dólares.

Dos grandes objetivos condujeron a la administración Clinton a cerrar la negociaciones sobre la incorporación de Pekín a la organización a finales de los años noventa. El primero fue la convicción de que la integración de China en el sistema comercial multilateral impulsaría el propio crecimiento económico de Estados Unidos. El segundo fue la idea de que también propiciaría un proceso de reforma política a favor del pluralismo. Dos décadas más tarde, es evidente que ambos cálculos fallaron.

China atraviesa una etapa de creciente autoritarismo, mientras que los efectos de su extraordinaria expansión económica—atribuible, para no pocos norteamericanos, a la apropiación ilegal de propiedad intelectual y el incumplimiento de las normas de la OMC—ha consolidado la percepción de que su ascenso ha tenido como precio el “declive” de Estados Unidos. Sea correcta o no la interpretación sobre las causas de ese resultado, la cuestión es que las reglas de la OMC se han visto superadas por la propia dinámica global. Aunque la hostilidad de la administración Trump hacia la organización perjudicó su margen de acción, lo cierto es que todo esfuerzo orientado a condicionar las prácticas chinas pasa hoy por atender el nuevo mapa de integración económica en la región.

El 1 de enero entrará en vigor la Asociación Económica Regional Integral (Regional Comprehensive Economic Partnership, o RCEP en sus siglas en inglés), grupo integrado por los diez Estados miebros de la ASEAN junto a China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Al representar casi un tercio de la población mundial y el 30 por cien del PIB global, el nuevo bloque es mayor que NAFTA o que la Unión Europea. El pacto—que incluye un acuerdo de libre comercio entre China, Japón y Corea del Sur—confirmará a Asia como motor de la economía mundial, aún más al sumarse al CTPP, el pacto sucesor del TPP de la era Obama del que Trump retiró a Estados Unidos en 2017, y que Japón reconfiguró con las 11 restantes economías un año después.

Los dos acuerdos—que comparten a siete miembros—respondían a distintas lógicas geopolíticas. Mientras que en el RCEP destaca la centralidad de China como principal economía del bloque, el objetivo del CPTPP era el contrario: evitar una dependencia excesiva del mercado chino y prevenir que Pekín dictase las reglas del juego económico en la región. El anuncio por parte de las autoridades chinas de su intención de incorporarse a este segundo acuerdo cambia radicalmente la situación. Cumplir los requisitos de adhesión no será fácil—se diseñaron precisamente para obstaculizar la participación de la República Popular—, pero su poder económico y comercial le proporciona una notable baza de negociación. Situada ya en el centro del RCEP, la incorporación al CPTPP otorgaría a China un estatus inamovible como gigante regional.

Si quiere reconfigurar las bases de sus relaciones comerciales con China, y gestionar las diferencias que la OMC ya no puede resolver, Estados Unidos debería sumarse por ello al CPTPP, y antes que Pekín. Un objetivo que también debería plantearse la Unión Europea: Asia es el segundo mayor destino de sus exportaciones, e incluye a cuatro de sus diez principales socios comerciales. No se trata, además, de una mera oportunidad económica, sino de hacer posible su participación directa—y no como mero observador—en un proceso de integración que transformará el continente, y que haría de la UE un socio de especial relevancia para aquellas naciones asiáticas que desean evitar las consecuencias de la rivalidad Estados Unidos-China.