Valla rota

La ley de inmigración II y los giros políticos de Trump. Nieves C. Pérez Rodríguez

En nuestro artículo de la semana pasada explicábamos las marcadas diferencias entre los inmigrantes ilegales y los inmigrantes bajo la amnistía que les concedió DACA. Y apelábamos a la necesidad de una ley migratoria adaptada a los valores fundamentales de la nación estadounidense conforme a su constitución y el respeto a los derechos humanos, y por supuesto a sus propios intereses nacionales. Hoy retomamos el tema para explicar el cambio de dirección que han tomado las cosas, producto de un momento de pragmatismo en el que Trump negocia con el partido demócrata un acuerdo que mantendría el estatus pseudo-legal de estos individuos. Muy a pesar de que los pronósticos apuntaban en la dirección opuesta.

Trump es un hombre que necesita resultados, no hay más que ver sus negocios y la fortuna que ha conseguido amasar. La lealtad no es precisamente el valor más arraigado en su proceder, y la mejor prueba es que hoy estamos hablando de pactos entre él y el partido demócrata para sacar adelante una ley migratoria que proteja a estos “dreamers”, después de haber sido él mismo el que activó el debate y expresó sin tapujos su tendencia anti-inmigración, en la que los DACA estaban incluidos. Es bien sabido que en política los pactos entre distintos partidos son la clave de la supervivencia del sistema, pero en el caso de este inesperado cambio de postura de Trump se refleja su falta de afiliación y lealtad al partido republicano, y su desvinculación a la tradición más conservadora de las bases del partido.

En su estilo más puro, negocia durante una cena con los líderes demócratas el miércoles por la noche y amanece el jueves a las 6:35 a.m. twitteando a sus fieles seguidores, intentando justificar las razones de su cambio de postura (que valga acotar fueron las mismas razones que expusimos en esta columna la semana pasada): “Ellos fueron traídos a nuestro país hace muchos años atrás por sus padres, cuando eran niños. No es su culpa…” etc., etc. La clave de la rapidez de estas negociaciones están en poder presionar para presentar la ley antes del 13 de Diciembre, fecha en que vence la deuda pública, y en la que se verán obligados a negociar una vez más con los demócratas para evitar el cierre del gobierno estadounidense. Sumado a esto, son pocos los días legislativos que quedan dentro de la normativa y funcionamiento del congreso. Ambos escenarios benefician a los demócratas dándoles mayor control del juego.

Lo que seguramente Trump no midió fueron las consecuencias internas en las bases del partido republicano, en el núcleo más conservador, pues ésta es la segunda estacada en que deja a su partido en dos semanas. La primera fue el acuerdo con los demócratas para autorizar más gasto, más deuda pública y evitar el cierre del gobierno.

Los analistas ahora están planteando que Trump está buscando espacios de entendimiento con la oposición para poder sacar leyes adelante en vez de dejar que la lenta burocracia vaya a su ritmo. Sin embargo, en las filas de su partido se percibe como traición. A pesar de que muchos puedan estar a favor de los acuerdos, no están a gusto con las formas y el secretismo a sus espaldas.

Da la impresión de que las promesas electorales que lo hicieron presidente empiezan a desvanecerse frente a las ganas de empezar a dar resultados y avanzar. Hay que ver si favoreciendo a los “dreamers”, con la contrapartida pública de tener el apoyo demócrata para fortalecer la seguridad fronteriza, es un precio político razonable. Los demócratas están aprovechando su momento para sacar la mejor tajada: negocian la deuda sólo hasta diciembre, y mientras tanto consiguen avances políticos, como mantener DACA. Mientras que en las filas del partido republicano Trump está generando una división aún mayor que puede comprometer futuras negociaciones y apoyos que seguramente necesitará en el futuro cercano.

Valla

El debate migratorio debe cogerse con pinzas. Nieves C. Pérez Rodríguez

Washington.- Regular la inmigración ha sido un quebradero de cabeza para muchos países desarrollados. Hacerlo con la sutileza necesaria a la vez que con la firmeza necesaria, no es una formula fácil de encontrar. Desde luego no lo ha sido para Estados Unidos, país de inmigrantes por excelencia, pero que como casi todos los países se debate entre como legislar este hecho tan común o dejar el tema un poco a la deriva. Obama en el 2012 puso en ejecución DACA (por sus siglas en ingles) que se traduce como “Acción diferida para los llegados en la infancia”. Este programa se estableció con la idea de otorgar una especie de status de reconocimiento a estos individuos que fueron traídos en su niñez, de la mano de algún miembro de sus familias, que han pasado la mayor parte de sus vidas aquí, y que a día de hoy se sienten más estadounidenses que de su propio lugar de origen.

Entre 700.000 y 800.000 niños fueron traídos a Estados Unidos ilegalmente, lo cierto es que en la mayoría de los casos estos menores no tomaron la decisión de inmigrar sino que fueron traídos aquí y recibieron educación y se integraron lingüística y culturalmente en su nuevo lugar de residencia, y hoy son parte de esta sociedad. Este es el caso de Larissa, una joven de 20 años que llegó a la costa este con sus padres y hermanos pequeños, cuando sólo tenía 9 años. Fue aceptada en el sistema escolar y desde entonces habla mucho más inglés que su lengua nativa, y a día de hoy sólo tiene familia en este país. Ella es un buen ejemplo de estos “dreamers” o soñadores. Su vida transcurre entre una cadena de comida rápida en la que pasa 8 horas al día, la universidad en la que estudia, y por si fuera poco, cuidando niños por horas por las noches y fines de semana para sacarse un dinero extra. Hondureña de origen, no siente que aquel es su país, y es más, su castellano es tan limitado que incluso con la educación que ha adquirido aquí si fuera deportada no sería capaz de expresarse del todo, ni tendría un lugar al que llegar. Su familia viene de un entorno rural pobre con poca educación cuyo castellano es tan precario que los verbos no son conjugados correctamente, al punto de que en mis conversaciones con ella muchas veces le pregunto qué quiere decir para asegurarme de que la entiendo. Sin embargo, en inglés podría estar hablando todo el día sin titubear. Ella se inscribió en DACA, con la ilusión de legalizar su estatus y salir de la sombra, lo que le permitió adquirir su tarjeta de identificación y poder aspirar a un trabajo legal. Hoy le aterra pensar que con la información que compartió pueda ser fácilmente deportada.

La base de datos de estos jóvenes está en manos del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) y así como tramitaban la documentación para estos soñadores hasta el 5 de septiembre, podrían ahora convertirse en sus verdugos. A principios de esta semana Trump tomó la decisión de dejar sin vigencia este programa, lo que significa que el Congreso tiene seis meses para crear una ley que regule la situación de estos individuos, o quedarían en situación ilegal, pero con su información al alcance de las autoridades migratorias para acelerar el proceso de deportaciones. Una gran diferencia del resto de los inmigrantes ilegales en territorio estadounidense.

El 91% de los individuos con DACA están empleados legalmente por ser portadores de esta amnistía. Un 5% han comenzado sus propios negocios y pagan impuestos. Parte de ellos poseen viviendas y coches. Son un grupo de personas que contribuyen al crecimiento de la economía estadounidense. Algunos de ellos trabajan en las profesiones que los estadounidense no quieren.

Estados Unidos necesita una ley de inmigración a la altura de los valores presentes en la constitución y donde la seguridad nacional no esté comprometida, obviamente. Las primeras reacciones a la anulación de esta amnistía fueron recordatorios de los valores fundamentales de este país, en ambos partidos. Es un debate abierto y realmente incrustado. Estados Unidos tiene un deber moral de proteger los derechos humanos, así como también tiene el deber de proteger sus intereses nacionales. El presidente Trump ha dado signos claros de estar a favor de un país cerrado a la inmigración. Pero ahora está en manos del congreso la decisión de crear y aprobar una ley capaz de regular este complejo fenómeno. En el caso de DACA queda claro que estos jóvenes no son inmigrantes ilegales que arbitrariamente decidieron instalarse aquí. Son jóvenes, como Larissa, que se formaron bajo la aspiración del sueño americano y que conocen poco más que eso como ideal de vida.